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Francisco Barbosa, nuevo fiscal general de la Nación

Francisco Barbosa, Nuevo Fiscal General de la Nación

La Corte Suprema de Justicia eligió al jurista Francisco Roberto Barbosa Delgado como fiscal general de la Nación.

El nuevo jefe del ente acusador es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, doctor (PH. D) en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia), magister en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, magister en Historia de la Universidad Javeriana y especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

En su trayectoria profesional, ha sido alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, asesor legal externo de la Personería de Bogotá, asesor legal del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito, asesor jurídico del Banco Mundial para la misión Panamá (Derecho de Telecomunicaciones y Derecho de Transporte), asesor jurídico del viceministerio de Transporte, asesor jurídico externo de la firma Consucol S.A.S, asesor jurídico del Ministerio de Comunicaciones, fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, director jurídico del Programa Fosit del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Hacienda, coordinador de gestión de la Corporación Excelencia en la Justicia y asesor jurídico de unidad de trabajo legislativo del Senado de la República.

Cuenta con una amplia experiencia académica y docente como profesor e investigador universitario de reconocidos establecimientos educativos nacionales y extranjeros, conferencista nacional e internacional y jurado de tesis doctorales internacionales. Autor de más de una decena de obras y libros sobre sus especialidades y múltiples artículos y reseñas en publicaciones nacionales y extranjeras. Es miembro de las academias colombianas de Historia, Jurisprudencia y Derecho Internacional.

Francisco Barbosa

Es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene una especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia.

Cuenta con dos maestrías en Historia en la Universidad Javeriana de Colombia y en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. En 2010 obtuvo su título de doctorado (Phd) en Derecho Público de la Université de Nantes de Francia.

Cuenta con una experiencia de 20 años en cargos públicos y privados. Fungió como fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, fue asesor externo de la Personería de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, Centro de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Corporación Excelencia en la Justicia y en el Senado de la República. Igualmente fue asesor legal externo del Banco Mundial.

En su hoja de vida se destaca como docente e investigador en las universidades Externado de Colombia, Los Andes, Andina Simón Bolívar (Ecuador) y Jorge Tadeo Lozano, entre otras. Además, ha sido columnista en diferentes medios de comunicación.

Ha sido autor de os libros ‘¿Justicia Transicional o Impunidad?, La encrucijada de la paz en Colombia’ (2017); ‘La justicia en el siglo XIX en Colombia’ (2007); ‘Derecho Civil Bienes (2003); y ‘Litigio Interamericano: Perspectiva Jurídica del Sistema de Protección de la OEA’.

Fue elegido miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Academia Colombiana de Derecho Internacional.
El 13 de agosto de 2018 fue designado por el presidente Iván Duque como Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.

En su labor ha sido jefe de misión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Además de asesorar, desde presidencia, la estrategia para atender la crisis migratoria venezolana.

Ha desempeñado labores relacionadas con el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y la Línea de Política Pública en Prevención de Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Las propuestas de Barbosa

En su intervención ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el pasado 5 de diciembre, Francisco Barbosa postuló el fortalecimiento de la investigación de la Fiscalía General como uno de los retos más urgentes que existen para mejorar la efectividad de las funciones establecidas.

El consejero delegado advirtió que no se puede olvidar que la Constitución Política de 1991 que creó a la Fiscalía General de la Nación fijó al máximo jefe de la entidad como el “gerente de la investigación y el director de la Policía Judicial”.

Para esto, propuso fortalecer la investigación mediante unas unidades especializadas de Policía Judicial las cuales tendrán una alianza con las fiscalías locales y así fortalecer los casos de los denominados delitos menores.

Consideró que las Unidades de Reacción Inmediata (URI) deben dejar de ser aquellos centros de paso a los que llevan a los capturados antes de presentarlos ante un juez de control de garantías y deben asumir la responsabilidad para investigar “esas pequeñas causas que alteran a los colombianos”.

En su intervención de 15 minutos, Barbosa aseguró que las cifras actuales no favorecen mucho la labor de la Fiscalía puesto que el 51 por ciento de los casos que son llevados en la justicia ordinaria terminan en absolución frente a las imputaciones hechas, es decir, se considera que las pruebas recolectadas no fueron suficientes para demostrar la teoría del hecho.

El tema de las pruebas hizo parte del discurso del abogado quien considera que se deben mejorar los mecanismos para mejorar la recolección de estos elementos y así ser más efectivos en los procesos penales.

La “descentralización” del ‘búnker’ para extender la Fiscalía General fue otra de sus propuestas. “Ser un fiscal de los territorios y no del búnker». En este punto manifestó la necesidad de aumentar la presencia del ente investigador en los territorios y extender su labor.

«Hay fiscales que tienen que abordar territorios inhóspitos o que involucran tres o cuatro departamentos, como casos en donde hay minería ilegal, por ejemplo, Guainía, Vichada, Vaupés», precisó al mismo tiempo que cuestionaba que los fiscales no contaran con Policía Judicial para adelantar su investigación.

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