El Gobierno Nacional aseguró que no considera la propuesta del Centro Democrático de convocar a una asamblea constituyente, que se viene planteando luego de la decisión de la Justicia Especial para la Paz de activar la garantía de la no extradición para el ex jefe guerrillero, Jesús Santrich.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez aseguró que se busca un consenso con los partidos políticos, para lograr reformas en la justicia que permitan fortalecer la lucha contra el narcotráfico, evitar la impunidad y proteger el mecanismos de la extradición, pero considera que lo que existe actualmente en materia institucional es suficiente para lograr las modificaciones necesarias.

Desde la Casa de Nariño aseguró que, “en este momento estamos hablando de una acuerdo que realmente no es solamente con los congresistas, esto es un acuerdo con las instituciones, es un acuerdo con los partidos políticos, y hay que considerar los distintos escenarios, pero si les quiero decir, el gobierno no ha pensado en el escenario de la constituyente”.

“Tenemos suficientes institucionalidad e instrumentos que permiten salir adelante de este momento difícil, pero que de ninguna manera es la crisis que se está planteando, aquí las instituciones tiene solidez y aquí hay un jefe de Estado que está al frente de este institucionalidad dándole al país la tranquilidad de que tenemos salidas dentro de la institucionalidad, y dentro del Estado la estabilidad que necesita Colombia”, garantizó la vicepresidenta Ramírez.

Si bien, “no se está considerando ese escenario”, se escuchará la propuesta del Centro Democrático, que pese a ser partido de gobierno, al menos por el momento, no contará con el apoyo de la administración Duque en el propósito de convocar una asamblea constituyente.

Un llamado a rechazar de manera categórica cualquier acción que involucre a hechos de ilegalidad y narcotráfico, hizo la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, ante la decisión de la JEP, de no extraditar a alias Jesús Santrich. “Colombia no puede terminar de ninguna manera en una cohabitación forzada con el narcotráfico y lo que sucede con Santrich es eso, después del

Acuerdo, entre las Farc y el Gobierno, siguió en la actividad del narcotráfico y lo que corresponde, según el mismo Acuerdo, es su extradición y esa es la preocupación que el presidente recogió en las objeciones que presentó oportunamente frente al Acto Legislativo de la Ley Estatutaria de la JEP”, señaló.

Afirmó que este es un Gobierno que está dispuesto a extraditar no solamente a Santrich, sino a cualquiera que esté involucrado en el narcotráfico porque no vamos a permitir que este le siga haciendo daño a Colombia, “no vamos a permitir su cohabitación en la sociedad colombiana. Al país se le dijo que no iba a haber impunidad, que los crímenes cometidos después de la firma del Acuerdo iban a llevarse a la justicia ordinaria y eso no está sucediendo. Hemos visto como algunos miembros de las Farc se han burlado de la JEP, de la justicia colombiana y del Acuerdo. Eso no puede seguir sucediendo, cualquiera que esté involucrado con el narcotráfico es una amenaza para Colombia y el Gobierno del Presidente Iván Duque quiere evitar que esto siga sucediendo”.

La funcionaria recalcó que así como el Gobierno lo ha manifestado se espera que tal y como la Corte Constitucional está considerando esas objeciones, se tenga en cuenta que hay un fundamento porque “son objeciones por inconveniencia y ahí está demostrado ese inconveniente. Ante la duda, la JEP en un momento determinado, ha terminado favoreciendo una solicitud de Santrich que va en contravía de lo que es el querer de la sociedad colombiana y de lo que fue el Acuerdo que se hizo con las Farc”.

Sostuvo que las instituciones de Colombia tienen que estar por encima de cualquier tipo de representaciones y que la alternativa planteada por el presidente de recurrir al recurso de apelación del Procurador es importante porque el representante del Ministerio Público debe ser una parte del proceso y “él tiene que presentar no solamente el recurso de apelación que ya ofreció, sino cualquier otro instrumento jurídico que pueda existir para que la JEP reflexione sobre esa decisión y la corrija, al igual que el trabajo dentro de la institucionalidad con los partidos políticos para buscar soluciones que frenen el avance del narcotráfico. Quiero hacerles un llamado a los colombianos a tener confianza en las instituciones, este país ha estado sometido a tensiones, pero a pesar de eso hay una institucionalidad fuerte que funciona”.

Señaló que en Colombia la renuncia del Fiscal “es una decisión personal lamentable, pero tenemos unas instituciones sólidas, un Jefe de Estado que está trabajando en fortalecerlas cada vez más y una coyuntura que es difícil, porque el gobierno del Presidente Duque es respetuoso de la justicia, lo ha sido y lo será siempre; respetuoso de la separación de poderes, pero también recogemos la gran preocupación que hay en el país”.

 

 

 

El canciller Carlos Holmes Trujillo, dijo este lunes que en caso de la suspensión de las visas a magistrados de las cortes Constitucional y la Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional respeta la decisión de otros Estados en lo que tiene que ver con la política migratoria, además de su competencia en el otorgamiento o no de los documentos.

El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque, es defensor de la independencia de poderes como principio fundamental de nuestra democracia y nuestro ordenamiento constitucional.

De igual manera valora y practica el principio de cooperación armónica entre los poderes públicos. Así mismo respeta la soberanía de los Estados en materia migratoria y su competencia para otorgar y retirar visas.

“Esperamos que esta situación se resuelva conforme a los procedimientos y normas de dicho Estado, como acontece en estos casos conforme al derecho internacional”, dijo Holemes Trujillo

Dicho lo anterior y ante situaciones particulares de orden migratorio con los Estados Unidos de Norteamérica, que han sido ventiladas en los medios de comunicación, esperamos que estas se resuelvan conforme a las normas y procedimientos de dicho Estado, como acontece en estos casos de conformidad con el derecho internacional.

Colombia y los Estados Unidos han mantenido por años una importante cooperación y colaboración que se ha fortalecido a través del tiempo respetándose recíprocamente la soberanía de cada Estado y sus instituciones.

Estos principios se han mantenido y se deben mantener para estrechar la relación bilateral.

La Embajada estadounidense en Colombia respondió este domingo a la polémica suscitada por el retiro de visas a magistrados de las altas cortes colombianas. Sin citar el caso específico, notificó que que todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de los Estados Unidos.

En un comunicado la delegación diplomática advirtió que «bajo la ley de Estados Unidos, los expedientes de visas son confidenciales» y puntualizó: «El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información».

El Departamento de Estado revocó la visa del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Éyder Patiño; cambió las condiciones de la visa de Diana Fajardo, magistrada de la Corte Constitucional y de su colega, el magistrado Antonio J. Lizarazo, aunque este pudo aclarar su situación y recuperar el permiso de ingreso a ese país.

Los siguientes son los términos de la declaración de la Embajada de Estados Unidos:

La Embajada de Estados Unidos reafirma la fuerte amistad y alianza entre Colombia y Estados Unidos. Hemos apoyado al gobierno y al pueblo colombiano en tiempos de guerra, y continuaremos apoyándolos en tiempos de paz.

Bajo la ley de Estados Unidos, los expedientes de visas son confidenciales. No comentamos sobre casos de visas individuales. El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

Este jueves el Consejo de Estado decidió anular la elección de Ángela María Robledo como Representante a la Cámara, por considerar que la excandidata vicepresidencial habría incurrido en una doble militancia.

La decisión se dio en la Sección Quinta del Consejo de Estado, con tres votos a favor y uno en contra, con lo que se la anuló la resolución 1595 del 19 de julio de 2018 con la que se declaró que Buitrago tenía el derecho personal a ocupar una curul en la Cámara de Representantes.

Robledo había insistido que no renunció al Partido Verde para inscribirse en otra colectividad, si no que lo hizo a nombre propio. Y agregó en su momento que la Constitución no preveía la obligación

de renunciar 12 meses antes para presentarse a un cargo como el de Vicepresidenta, y que habría incurrido en esa falta si se hubiera presentado al Congreso nuevamente.

El 22 de abril, el Ministerio Público consideró este lunes que la representante Ángela María Robledo debe mantener su curul en el Congreso de la República, porque no están dadas las condiciones para que se diga que incurrió en una doble militancia.

Sonia Tellez, procuradora séptima, dice que la representante se postuló como candidata pero para ser vicepresidenta y no congresista; además que su curul fue producto del estatuto de la oposición, que dice que los segundos candidatos más votados para en elecciones presidenciales tienen derecho a un puesto en el congreso.

Y agrega que: “La curul que ocupa la demandada en la Cámara de Representantes no lo fue por una decisión popular sino por la decisión política del Constituyente derivado de reconocer una curul en senado y cámara a la fórmula presidencial que, en el proceso para elegir presidente y vicepresidente de la República, obtuviera la segunda votación más alta”.

La representante Robledo no presentó su candidatura en siguiente elección al Congreso: “la demandada presentó su nombre a un cargo uninominal, ya habían transcurrido las elecciones para integrar el Congreso de la República”.

 

 

 

 

 

Este jueves la plenaria del Senado de la República no decidió aprobar ni rechazar las seis objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, debido a que no se alcanzaron los votos suficientes ello.

Por lo tanto, Ernesto Macías, presidente de la corporación, decidió enviar a la Corte Constitucional la falta de decisión del Senado, para que sea este alto tribunal el que de solución a las objeciones del presidente de la República.

El senador por el Partido de la U, José David Name Cardozo expresó esta tarde en la Plenaria del Senado su postura acerca de las objeciones del Presidente Iván Duque al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP que se estudia actualmente en esta corporación.

«Mi posición es que no voy a votar positivamente un artículo que potencialmente abre la puerta a la no extradición de narcotraficantes en este país. Tengo serias reservas sobre el artículo 153, por lo que le he pedido a los compañeros de la Plenaria que no se vote en bloque sino nominal y públicamente, porque este es un asunto que merece transparencia. No tengo mayor discrepancia con los demás artículos objetados. Siempre he apoyado la Paz», dijo el Senador Name.

En medio de su intervención también expresó que: «Mientras yo tenga esa duda razonable, que ninguno de los defensores ha querido aclararme, nadie me puede obligar a votar las objeciones en bloque, si quieren mi voto se debe discutir este artículo de manera independiente».

«Internamente en el Partido de la U no hubo decisión adoptada formalmente en bancada, por eso mis compañeros y yo tomamos la decisión ayer de retirarnos del recinto, y estoy dispuesto a tomarla nuevamente si no se dan las garantías mínimas de transparencia frente a este asunto» manifestó el Senador Name.

Informe de Comisión de Ética

En los primeros minutos de la sesión, el presidente de la Comisión de Ética, senador Miguel Ángel Pinto, rindió un informe a la plenaria al señalar que esa célula legislativa había estudiado cada una de las siete recusaciones presentadas, en la plenaria de ayer.

«Se designó un ponente, por orden alfabético, para cada una de las recusaciones y se escuchó a los senadores recusados, Luego en sesión plena se votó cada una de las recusaciones por separado y como en la mayoría de los casos no les dieron aplicación a las normas de procedimiento y anexaron las pruebas, la Comisión decidió no acoger ninguna de las recusaciones y por tanto los siete senadores están habilitados para participar en el debate», manifestó el senador Pinto.

De inmediato se procedieron a votar los impedimentos que habían quedado pendientes, entre ellos los de los senadores Antonio Zabaraín, José Alfredo Gnecco y Honorio Henríquez.

Una vez surtido ese trámite, los congresistas Alberto Castilla e Iván Marulanda presentaron su informe en el que pedían negar las seis objeciones presentadas por el Jefe de Estado al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Al caer la tarde, los senadores Paloma Valencia, John Milton Rodríguez, David Barguil y Jonathan Tamayo presentaron su informe de ponencia mayoritaria, en el que pidieron acoger las seis objeciones presidenciales por inconveniencia. En su presentación, el legislador Rodríguez solicitó votar nominalmente cada una de las objeciones.

A esa altura del debate, el presidente Macías le dio la palabra a cada uno de los voceros de los partidos y movimientos políticos y sociales que integran el Senado, quienes durante más de 10 minutos, por colectividad, expusieron sus posiciones sobre las objeciones.

Pasadas las 1O:30 de la noche, la plenaria se levantó y fue convocada para hoy las 10 a.m., cuando se sometiron nuevamente a votación las objeciones a la JEP y se entre a estudiar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, el cual debe ser evacuado a más tardar el próximo 7 de mayo.

“Hemos resuelto el tema de las objeciones y ahora nos dedicaremos a avanzar en una agenda social que beneficie a los colombianos”: Roy Barreras

El senador Roy Barreras, celebró la decisión adoptada por los cuatro partidos más importantes del Congreso – Partido de la U, Partido Liberal, Cambio Radical, y Conservador- enviar inmediatamente el proyecto de Justicia Especial para La Paz (JEP) a la Corte Constitucional, para que sea esta Alta Corte, quien tome la decisión final sobre el procedimiento y pueda pasar a sanción la ley cuanto antes.

Barreras, gran defensor de la paz, explicó que hoy nace una “nueva mayoría legislativa donde prime una agenda social que resuelva los problemas de los colombianos”. “Puedo decir hoy que además de haber resuelto el tema de las objeciones que fueron negadas hace dos días, con una mayoría constitucional de 47 votos sobre 34, el proyecto será enviada a la Corte para que ella ratifique las objeciones fueron negadas en Cámara y Senado y así avancemos en los demás asuntos de los acuerdos de paz y en los temas sociales que es nuestra prioridad en ahora en adelante".

 

 

Consejo de Estado anuló la elección de Antanas Mockus y precipitó una polvareda al fallar a favor 

de una demanda que pedía quitarle la curul al senador de la alianza Verde.

Como un baldado de agua helada, cayo la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado con el falló a favor de una demanda que pedía declarar nula la elección del senador del partido Alianza Verde Antanas Mockus. 

La acusación admitida por el alto tribunal estaba ligada a los contratos de Corpovisionarios, organización que representó legalmente el congresista y que terminó por echar por tierra su estadía en el Congreso de la República. 

Según la demanda, Antanas  Mockus actuó en la ONG durante el periodo de ley de garantías por lo que estaba inhabilitado para suscribir contratos y abría firmado durante ese periodo un convenio con la Gobernación de Cundinamarca.

La decisión del Consejo de Estado de declarar nula la elección del congresista de la Alianza Verde, causo no solo revuelo en su partido, sino en la opinión nacional  donde miles de mensajes llenaron las redes sociales, unos a favor del Profesor y otros que calificaban la actuación del partido y el político como un acto de corrupción.  

El Consejo de Estado consideró que debía anularse la credencial del senador del Partido Verde, porque con su elección se habría violado la prohibición de contratar con organismos del Estado durante los 6 meses previos a los comicios. 

De acuerdo con la demanda, el senador Mockus "incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 179 superior por haber intervenido en la celebración de un contrato con entidad pública, en interés propio o de terceros, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de su elección como senador". 

Pero las cosas no paran ahí, luego de la decisión del Alto Tribunal, se conoció que los abogados demandantes, seguirán con el proceso y  estarían demandando en los próximos días las curules obtenidas por la votación que llevo al candidato Mockus al Congreso de la República en marzo del 2018, con una votación superior a los 520.000 votos la segunda más alta a esa corporación, después de la del senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. 

La tormenta política apenas inicia y podría tener impredecibles consecuencias en la colectividad de los verdes, ya que podría haber un efecto domino tras la perdida de la curul del profesos Mockus y desencadenar incluso la perdida de las curules de otros congresistas y el partido podría hasta perder la personería jurídica.

 

 

 

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