Reforma a la justicia tendrá su prueba de fuego en la plenaria del Senado

La Comisión Primera del Senado dio luz verde a la creación de una Comisión Interinstitucional Judicial que reemplazaría al Consejo Superior de la Justicia. Igualmente dispuso otorgar funciones de jueces a los cerca de 600 procuradores delegados que se estima que hay en el país, con el fin de buscar una fórmula alternativa que contribuya a la descongestión de los despachos judiciales. En esa tarea también contribuirían los notarios y centros de arbitraje.

También acordó elevar a rango constitucional el presupuesto de la rama judicial, lo que permitiría fortalecer económicamente a ese órgano del poder público. 

De esta manera, la Comisión Primera terminó de aprobar, en primer debate, el articulado del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia -conformado por 31 artículos- que pasa ahora a estudio de la plenaria del Senado. Esta iniciativa requiere de ochos debates reglamentarios. Cuatro en Senado e igual número en la Cámara de Representantes.

La propuesta de crear un tribunal de aforados, que asumiría las funciones que hoy cumple la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, fue negada por la falta de consenso entre los partidos políticos, con asiento en esa célula legislativa, frente al tema de la definición de las instituciones que ternarían a los tres magistrados que integrarían ese cuerpo colegiado.

Aunque ese artículo fue negado, el tema sigue vivo y se podrá retomar en la plenaria del Senado, según lo dispone una sentencia de la Corte Constitucional, que se refiere al trámite legislativo.

El senador Rodrigo Lara dijo que con el tribunal de aforados se buscaba quitarle facultades a la Corte Suprema de Justicia, que según la misma Corte Constitucional, es el tribunal de cierre para los procesos judiciales. 

La congresista Paloma Valencia explicó que ese tribunal sería realmente una sala de instrucción, integrada por tres magistrados, y la cual investigaría a los funcionarios con fuero. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia continuaría con su responsabilidad de investigar al Presidente de la República. 

Por su parte, el legislador Germán Varón, coordinador del grupo de ponentes, expresó también dudas frente a los alcances de ese artículo. Con el fin de evitar el hundimiento de esa nueva figura se propuso votar negativamente la norma.

En medio de la discusión se propuso una especie de unificación de los períodos institucionales, lo que implicaría que el Fiscal General que sería elegido en el 2020 solo iría por dos años, con el fin de equiparar en el 2022 los períodos del jefe del ente acusador con el del Presidente de la República.

La propuesta generó un debate, en el cual el senador Gustavo Petro se mostró en contra de prolongar los períodos constitucionales, sobre lo cual argumentó que cuando era Alcalde Mayor de Bogotá, los entonces presidente Juan Manuel Santos y vicepresidente Germán Vargas Lleras, propusieron en una reunión de alcaldes la prolongación del período de los burgomaestres. “Yo me pronuncié en contra de esa propuesta, argumentando que el pueblo al elegirnos había votado por un período fijo. Si lo extendíamos era desconocer el mandato del constituyente primario”. 

El senador Lara reiteró nuevamente que uno de los objetivos de la reforma a la justicia era otorgarle al Presidente de la República la facultad de elegir al Fiscal General por un período de seis años. Ese pronunciamiento fue controvertido por la ministra de Justicia, Gloria Barrero, quien dijo: “Esa jamás ha sido la intención del Gobierno. Esta es una reforma que fortalece la rama judicial”.

En similar sentido se pronunció la senadora Paloma Valencia, quien dijo que la iniciativa no tenía agendas ocultas.

La mayoría de los congresistas optaron por mantener el período institucional del Fiscal en cuatro años para mantener el equilibrio de poderes.

El senador Luis Fernando Velasco anunció que este proyecto generará una fuerte discusión en la plenaria, a la vez que la congresista Angélica Lozano pidió revisar el proyecto aprobado y ajustarlo estructuralmente para su debate ante el Senado en pleno.

Al final del debate, que se prolongó por cerca de cuatro horas, la Ministra de Justicia dijo. “Esta no es una reforma improvisada y esperamos que sea el fruto de consensos”.

Al votarse el artículo de la vigencia de la iniciativa se aprobó una propuesta del senador Julián Gallo de mantener vigentes los jueces de paz, que en el estudio de otro proyecto se habló de eliminar sus actuales funciones.

 

 

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