El Gobierno Nacional dice que las objeciones planteadas por el presidente Iván Duque a los seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, (JEP) no pasarán a control de la Corte Constitucional.

Francisco Barbosa, consejero presidencial de Derechos Humanos y asuntos Internacionales, a través de Twitter, indicó que las facultades del presidente para objetar por inconveniencia leyes estatutarias están consagradas en la constitución de 1991.

“Las objeciones por inconveniencia son actos políticos no controlables por la Corte Constitucional. Están contempladas en la Constitución del 91 y tienen raigambre en nuestra historia constitucional”, dice el trino de Barbosa.

Barbosa, en otro mensaje, manifestó que se habían presentado fallas en la implementación de los acuerdos de paz que, según él, afectando a las víctimas, situación que se pretende corregir con los cambios propuestos por el mandatario Duque.

“La mala implementación del acuerdo de paz que atenta contra las víctimas no puede ser premiada por obsecuentes que sin análisis de desarrollo de lo ocurrido acepten que todo quedó resuelto en el modelo inicial. Con los cambios propuestos por el Gobierno apostamos al éxito del sistema”, expresó.

De otro lado, tras su visita la semana pasada al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de excombatientes de las Farc, ubicado en la región de Tierra Grata, corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, departamento del Cesar, el presidente Duque destacó la importancia de estas zonas.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Duque aseguró que su interés no es destruir ni afectar la JEP: “Si yo quisiera destruir hubiera objetado toda la JEP, pero ese no es mi propósito. Hay 159 artículos y sugerí unas objeciones para que puedan ser mejorados por el Congreso”.

 

La Corte Constitucional rechazó la tutela de una mujer que consideraba que su derecho al buen nombre y a la honra habían sido afectados, tras las publicaciones de unos 'pasquines' en su contra a través de la red social Facebook.

El alto tribunal determinó que ese tipo de publicaciones no tenían el impacto para sustentar que afectan los derechos fundamentales de alguien, hecho por el cual no se podría dar la orden de borrarlos.

“No posee la entidad suficiente para ser catalogada como un impacto tangible a la honra y al buen nombre susceptible de elevarse a nivel de violación de derechos”, señaló la Corte al estudiar la tutela.

La decisión de la Corte se tomó a pesar de que la mujer argumentó que las publicaciones le habían causado malas relaciones con la sociedad que llevaron a comentarios ofensivos y amenazas en su contra, “lo cual la hacía temer que pudieran tomarse represalias contra ella y su familia”.

La Corte concluyó que, en ese tipo de casos, los señalamientos contra una persona a través de la red social Facebook deberán "ser lo suficientemente fuertes para poder argumentarse un daño contra el afectado".

También señaló que la gravedad de los mensajes que se publiquen en una red social debe ser evaluada por un juez de la República y no por el sujeto implicado en los mensajes.

“La gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal, ni de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que permita al juez avizorar la lesión del núcleo esencial de los derechos a la honra y al buen nombre”, puntualizó.

Sobre las redes sociales, la Corte Constitucional estudia unificar sus sentencias para sentar jurisprudencia sobre el uso de la información de los usuarios a través de las aplicaciones y de las redes sociales.

Una vez la Corte emita la sentencia global, se establecerán los límites sobre el derecho de la libertad de expresión en la web, si existe límite en las publicaciones digitales y el uso de fotografías y lenguaje en las redes sociales o la autorregulación en el uso de las plataformas digitales.

 

Las objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP buscan que tengamos una justicia transicional que les dé confianza a los colombianos, afirmó el Presidente Iván Duque durante el Taller Construyendo País # 25 realizado en Mitú, Vaupés.

Al recordar que se presentaron objeciones a 6 de los 159 artículos del proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el Mandatario consideró que con ello se presenta una “oportunidad de un gran consenso institucional entre la Rama Ejecutiva, el Congreso y las Cortes”

En este sentido, planteó al Congreso que tenga una discusión seria y profunda, para mejorar la justicia transicional y consolidar una paz que una a Colombia.

Señaló que “aquí ni hay fracturas ni hay desafíos a la institucionalidad. Lo que queremos todos los colombianos es que tengamos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición y no dejaremos de perseguir ese objetivo”.

Recalcó que las objeciones buscar precisar aspectos del proyecto de Ley Estatutaria, lo cual “nos fortalece como Nación, nos fortalece en la justicia, y no podemos dejar de buscar todos los días lo que más le convenga a nuestro país para sembrar confianza en la ciudadanía”.

 

Objeciones

 

En su exposición a los participantes del Taller en Mitú, el Jefe de Estado explicó los objetivos de algunas de las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional.

 

—Responsabilidad de los victimarios:

 

“Queremos realmente ver una manifestación clara en esa Ley Estatutaria que precise la responsabilidad de los victimarios para reparar, material, económica y moralmente, a las víctimas, en el propio sentido derivado de que son ellos quienes tienen esa primera responsabilidad y, por supuesto, la responsabilidad subsidiaria del Estado”.

 

—Rol de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz:

 

“Nosotros hemos procurado defender la responsabilidad que ha tenido la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde hace muchos años, para poder evaluar los listados de quienes están en los procesos y evitar que entren colados.

 

—Acción Penal:

 

“Lo que se busca es que la acción penal no quede solamente limitada a quienes están bajo el criterio de máximos responsables, sino que también si hay responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, no se pueden dejar de investigar, en función de la justicia y el derecho de las víctimas. Y que solamente puede cesar la acción penal cuando se han surtido y se han agotado las investigaciones necesarias por esas conductas.

 

—No limitar la acción de la justicia ordinaria:

 

“No se puede limitar la acción de la justicia ordinaria, si no hay un elemento de precisión a partir del cual se sabe que inicia la competencia de la justicia transicional. Hacer esa precisión es para garantizar justicia, investigación, en nuestro país”.

 

Extradición:

 

“Hay que hacer referencia a lo que tiene que ver con la extradición, porque lo que se ha dicho es que todas las conductas que ocurran después de la firma son propias de la justicia ordinaria. Y eso requiere que quede claro, para que no se límite la cooperación judicial de Colombia con otros Estados. Creo que una precisión de esa naturaleza lo único que nos da es una justicia más fuerte, más efectiva, más coherente, que brinda más confianza”.

Artículo 153:

“No puedo dejar de mencionar lo referente al artículo 153, que lo que busca nuestra objeción es precisar para que no lleguen otras personas y se vinculen a un proceso con la supuesta intención de dar verdad, pero con el verdadero propósito de eludir la justicia de otros Estados”.

Proyecto de acto legislativo

De otro lado, el Jefe de Estado hizo referencia al propósito del Gobierno de presentar un proyecto de “acto legislativo para corregir algunos aspectos, mirando hacia adelante, en lo que tiene que ser una justicia transicional de verdad”.

Los temas de dicha iniciativa son los siguientes, de acuerdo con la exposición del Mandatario:

—Delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes:

“Hay que dejar claro es que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no pueden ser competencia sino de la justicia ordinaria, porque no puede haber beneficio o tratamiento diferenciado alguno ante semejante atrocidad, ante semejante acto deleznable que genera rechazo moral y ético de todos los colombianos”.

—Reincidencia en actos criminales:

“Es importante para engrandecer la justicia que las personas que reincidan, que repitan sus actos criminales, deben perder todos los beneficios, para que haya un mensaje claro de que no se puede hacer tolerancia, mucho más cuando se le ha dado un aspecto diferenciado de generosidad por parte del Estado colombiano, de la sociedad colombiana”.

—Delitos que se sigan cometiendo tras firma de los acuerdos:

“Los delitos que se venían cometiendo antes de la firma de los acuerdos y siguen cometiéndose, deben ser responsabilidad de la justicia ordinaria”.

Congreso debe realizar una discusión profunda, sensata y constructiva

Por último, el Presidente Duque confió en que el Congreso de la República tenga una discusión profunda, sensata y constructiva sobre las objeciones.

“El Gobierno, por supuesto, estará ahí disponible para atender cualquier pregunta o interrogante, pero debe decidir libremente el Congreso sobre estas objeciones a conciencia”, dijo.

Y concluyó que el pueblo colombiano puede tener la certeza de que “nosotros no haremos nada para coartar la libertad y la decisión que debe tener el Congreso de la República, porque aquí tenemos todos que obrar como colombianos, no como militantes de partidos, buscando lo que más le sirva a este país”.

 

La Organización Indígena Colombiana, ONIC, expresó “preocupación” por las afirmaciones del presidente Iván Duque en el Taller Construyendo País, realizado en Mitú, Vaupés, en donde afirmó que “no avala las acciones de hecho”, y anunció para este lunes 18 de marzo movilizaciones en “las principales plazas del país”, para defender su derecho a la protesta y exigir al gobierno soluciones a sus demandas.

Según la ONIC, las marchas se realizarán a partir de las 5 de la tarde, además, “con el propósito de seguir abriendo espacios para la consolidación de la paz, defender y proteger el mayor logro político y social de la historia reciente de Colombia”.

En Bogotá, los marchistas se concentrarán en la Plaza de las Nieves, carrera séptima con calle 20.

Aunque ya se completan ocho días de bloqueos en la Vía Panamericana, a la par con constantes disturbios, causando grandes pérdidas económicas y graves dificultades a los habitantes de las regiones afectadas, en el comunicado la ONIC afirma que la “minga” que han venido realizando las comunidades indígenas en el Cauca y Huila, es un “ejercicio pedagógico” que “no representa ningún bloqueo sobre la vía panamericana”.

Por lo tanto, rechazan “la respuesta por parte de la fuerza pública durante los últimos 3 días”, que han causado múltiples las afectaciones a los habitantes y a los manifestantes.

Expresa su reconocimiento al esfuerzo de la secretaria de Gobierno del Cauca, las Naciones Unidas, La MAPP-OEA, las redes de derechos humanos y la defensoría del pueblo, “con quienes nos hemos encontrado en nuestro punto de concentración y quienes han sido testigos del ejercicio pedagógico realizado”.

Igualmente rechaza y deplora la agresión hacia la comisión de la Defensoría del Pueblo y expresan su solidaridad el Defensor Felipe Vernaza y su equipo de trabajo, quienes, afirman, han desarrollado una labor extraordinaria con quienes nos encontramos en los puntos de movilización.

Agrega que sus “protocolos de seguridad y acción serán mejorados continuamente, no permitiremos la permanencia de provocadores y haremos lo que se encuentre en nuestras posibilidades para garantizar un ejercicio de movilización acorde a nuestros principios y que prioricen el dialogo y la negociación”.

También convoca a la Defensoría del Pueblo, al equipo de verificación y a la comunidad en general a visitar sus puntos de concentración, “a intercambiar ideas, a sumarse al llamado al Presidente de la República para que atienda nuestras exigencias. La movilización continúa, nos fortalecemos en moral y en espíritu”.

“Finalmente–afirma–, con miras a defender la democracia y nuestras instituciones, ¿y entendiendo que la Corte Constitucional aprobó y respaldo? la Ley Estatutaria, los aquí firmantes solicitamos al Congreso de la República no tramitar las objeciones enviadas por el presidente Iván Duque”.

 

El Presidente Iván Duque aseveró hoy que los inversionistas extranjeros quieren venir a Colombia porque este país “respeta la iniciativa privada y porque hay un Gobierno que cree en el imperio de la ley, en el emprendimiento para generar equidad”.

Tal afirmación la hizo el Jefe del Estado al intervenir en la clausura de la Asamblea General del Consejo de Empresas Americanas (CEA), del que hacen parte firmas estadounidenses que llevan 100, 70 y 60 años de funcionamiento en Colombia.

Así mismo, se refirió a la importante delegación de empresarios italianos con quienes dialogó esta semana y a la reunión que sostuvo con los fondos soberanos más grandes del mundo que “quieren venir a Colombia”.

El Mandatario enfatizó que su administración “cree en el sector privado y cree con motivación. No es como en otras épocas, cuando el sentido de defensa del sector privado era con espíritu vergonzante”.

“Creo en la iniciativa privada, creo en la libre competencia, creo en el desarrollo de los mercados de capital”, recalcó.

Expresó, además, su deseo de ver a “más empresas colombianas saliendo a la bolsa. Quiero ver más empresas públicas saliendo a la bolsa. Quiero tener cada vez más espacios y más mercados consolidados”.

En ese orden de ideas, el Presidente indicó que “le pedimos al Gobierno de los Estados Unidos todo el apoyo para que nuestro productos tengan más accesibilidad en ese mercado, en tiempos más cortos”, de tal manera “que nos permitan a nosotros consolidar más exportaciones”.

Puso de presente que con la administración del Presidente Donald Trump “no solamente compartimos valores democráticos en América Latina, para denunciar los atropellos de la dictadura en Venezuela, sino que entendemos que la lucha contra las drogas es una lucha compartida, corresponsable”.

En esa línea, indicó que los dos gobiernos simultáneamente deben continuar “profundizando una agenda bilateral, en la que el comercio, la inversión, la ciencia, la tecnología, la energía, jueguen un papel preponderante”.

Sostuvo que la relación entre Colombia y Estados Unidos “muestra que se estructura con empresas que han sentado sus bases en territorio colombiano y que ya tienen, algunas, 100 años; otras 75; otras 50”.

Acotó que tales empresas se han fortalecido de esa “relación que tenemos histórica y que es bipartidista, en los Estados Unidos; y ha sido pluripartidista, en Colombia. Porque compartimos valores, el valor de la democracia; porque compartimos el valor de una economía de mercado; porque entendemos que es a través de las libertades y de una economía con sana competencia como se construye porvenir”.

Por último, el Presidente Duque enfatizó su propósito de que al país lleguen empresas que coadyuven en la generación de empleos con calidad.

“No me cansaré de decirle a todo el que quiere invertir en nuestro país, con los mejores estándares, que tiene un Gobierno para facilitar y ayudar a que su inversión se traduzca en más empleos formales y dignos en Colombia”, puntualizó

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