En la primera sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, presentó un balance de resultados de la entidad en el 2018 y el plan de acción que se ejecutará en el presente año.

La titular de la cartera laboral, quien estuvo acompañada por los viceministros de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe y de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, expuso que entre los temas que se abordarán en este espacio de diálogo tripartito, estarán: empleo, formalización, trabajo decente, reparación colectiva, tercerización, cajas de compensación familiar, estabilidad laboral reforzada e incapacidades, entre otros.

Arango Olmos, compartió con los integrantes de la mesa conformada también por directivos del sector empresarial y centrales sindicales, que entre las metas de MinTrabajo para el primer semestre del año, se priorizará una Resolución de los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto de la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales, la Ventanilla Única de Trámites y Servicios a nivel nacional y la Política Pública de Empleo.

Así mismo, se continuará ejecutando la Política Pública para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y Protección al Adolescente Trabajador, la Iniciativa de Paridad de Género que se trabaja conjuntamente con el BID y el Fondo Económico Mundial, la propuesta para la negociación del Acuerdo Nacional Estatal y reducir los tiempos de respuesta para las solicitudes al Archivo Sindical.

El orden del día incluyó un informe de gestión del Ministerio del Trabajo durante 2018, destacándose la suscripción del pacto por el Trabajo Decente, la implementación del Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, RUTEC, la concertación del salario mínimo para 2019, la inspección móvil en las zonas rurales y municipios en desarrollo, la ampliación de cupos y lograr el pago mensual de los beneficiarios del programa Colombia Mayor, el lanzamiento de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, la firma electrónica de los contratos, además de la gestión de mayores recursos.

 

Patricia Casas, esposa del candidato a la Alcaldía de Bogotá Hollman Morris, hizo pública una denuncia de violencia intrafamiliar radicada ante la Fiscalía General en su contra, en la que asegura que ella y sus hijos han sido víctimas de las actuaciones del hoy concejal.

"Tomé la decisión de denunciar a Hollman porque he sido una mujer violentada emocional, psicológica y económicamente", aseguró Casas a La W. Estas denuncias se dan a pocas semanas de que Morris presentara de manera oficial su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

De acuerdo con Casas, la pareja tomó la decisión de dejar de vivir juntos hace dos años. Afirma que el concejal se ha negado en varias oportunidades a responder económicamente por sus hijos, incluyendo gastos de alimentación, escolares y del hogar.

Según la mujer, el problema ha afectado directamente a los menores, quienes han visto dificultades en su vida escolar: "Veníamos sufriendo estas angustias día a día. Llega un momento en que mi hija se ve asfixiada. Le cuenta a un profesor lo que está pasando, informa a las autoridades del colegio, me citan y yo digo que es cierto. El colegio dice que asume su alimentación y sus útiles escolares".

Y añadió: "Tras esto, él se comprometió a pagar, pero estoy en el punto de que este lunes tuve que buscar cómo darle de comer a mi hija".

Ante esto, Patricia Casas asegura que la respuesta del candidato ha sido siempre ejercer violencia psicológica contra ella, haciendo uso de varios calificativos e insultos. "La solución es 'haga algo, trabaje, mantenida'. Yo soy ama de casa, cuidadora de hogar. Ese trabajo se respeta. No tengo una recompensa económica. Estamos hablando de la casa donde viven sus hijos, y a él no le importa".

De igual manera relató un episodio en que supuestamente fue víctima de maltrato físico. Sin embargo, no se atrevió a denunciar porque el mismo concejal la convenció de ni ir a un hospital a pesar de encontrarse herida. "Es un episodio que no es menor. Cuando estoy frente al carro toma la decisión de lanzarme el carro. El carro sigue. Estaba la compañera sentimental y estaba su escolta, quien manejaba", denunció.

Patricia Casas también aseguró que Hollman Morris dio instrucciones a sus escoltas para seguir directamente cada uno de los movimientos de ella y de sus hijos. Este fue revelado por Casas por medio de conversaciones de WhatsApp con las que intenta demostrar que en varias ocasiones ha sido insultada.

La mujer también dijo que Hollman Morris se ha negado a responder económicamente por sus hijos."No es coherente marchar por la educación pública pero que su hija no tenga para estudiar. Que defienda a las mujeres, pero yo haya sido violentada económica y emocionalmente".

Entre los varios episodios que denunció se encuentra el hecho de que en varias oportunidades ha preferido no hacer pago de los recibos públicos de la casa en la que ella vive con sus hijos, por lo que les han cortado el servicio de la luz. "Hollman decidió que yo debía asumir por gastos como el uniforme de mi hijo, un computador y otros a pesar de no tener empleo. Lo conseguí gracias a mi familia y amigos... Sus aspiraciones profesionales son su vida. Es obsesivo por el poder. Eso implicó que lo realmente valioso, lo que realmente importa, que son sus hijos y su familia, fuera desplazado".

De acuerdo con Casas, fue víctima del comportamiento de Morris dado a que, asegura, tiene problemas de con el alcohol, sustancias psicoactivas y prostitutas. Además, señala que a lo largo de su matrimonio soportó constantes infidelidades. "Era una infidelidad constante y sistemática.

Eso es más fuerte que un golpe en la cara. Quiebra la emocionalidad de una persona. No fue una, dos o tres. Queda por lo tanto inhabilitado de salir a marchar por las mujeres. Muchas me han buscado porque han sido víctimas de lo mismo".

Patricia Casas agregó que mientras estuvo con el candidato tomó la decisión de proteger la imagen del hoy concejal: "Al año descubrí comportamientos de Hollman que no me parece. Tengo la claridad absoluta de que tiene problemas de comportamiento y adicciones. Yo siempre le cubrí todos sus excesos, sus malas actuaciones, le limpié la imagen. Cuando tienes dos hijos menores de edad empiezas a protegerlos".

Ante estas acusaciones, Luis Eduardo Leiva, abogado y representante de Hollman Morris, aseguró que la denuncia corresponde a un ataque derivado de su condición como aspirante a la Alcaldía de Bogotá. "A Hollman esto lo tiene sumido en una tristeza grande. Las personas que tienen afecto hacia él le han comunicado que este tipo de ataques podían venir sobretodo en esta época, cuando anunció su candidatura".

De igual forma, manifestó sus dudas por el momento en que viene esta denuncia de Casas, dado que se da días después de que el concejal interpuso una demanda de divorcio contra su esposa: "Es llamativo que esto suceda justo después de esto. En especial luego de que no fue posible un proceso de conciliación".

Según Leiva, si bien estas acusaciones son graves no se puede presumir de que sean ciertas. Se hace necesario- dijo - esperar la respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación. "La narración es algo grave, pero la veracidad es lo que está en juego. Es terrible que en Colombia uno deba demostrar que es inocente cuando se supone que el estado garantiza la presunción de inocencia".

El abogado también manifestó que no es cierto que Morris haya incumplido con las obligaciones financieras que tiene con sus hijos, incluyendo alimentación y gastos escolares: "Hollman tiene a sus hijos en dos de los mejores colegios de Bogotá. El año pasado realizó pagos altamente costosos por el colegio. Ha cumplido más allá en sus responsabilidades de alimentación. Está suministrando la vivienda, un apartamento lujoso". Y añadió: "La señora quiere mantener un estilo de vida muy alto. Le ofreció una cuota alimentaria elevada que ha incrementado, pero ella continúa sin aceptar".

 

 

 

Advierte la JEP que la presencia de los 31 miembros de las FARC es obligatorio, pero la verdad que aporten es voluntaria.

El Estado Mayor de las FARC tendrá que presentarse de manera obligatoria a la JEP a partir de febrero por orden de la Sala de Reconocimiento de Verdad que adelanta el caso 001 correspondiente a los secuestros perpetrados durante el conflicto armado.

Lo que deberán hacer es rendir su versión de lo sucedido, por un lado de manera colectiva sobre lo que hicieron y por el otro, de manera individual.

“En este sentido la comparecencia a la versión voluntaria en su dimensión individual es personal, indelegable y obligatoria”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre al señalar que cada uno de los 31 comparecientes tendrá que contar su participación directa o no en la planeación y ejecución de los secuestros.

Las versiones serán a puerta cerrada, y las víctimas que sean acreditadas recibirán los videos de las mismas.

Explicó la magistrada que quienes no acudan al llamado incumplirían el régimen de condicionalidades y que este ejercicio ya se ha hecho con 47 miembros de la Fuerza Pública.

“Las versiones voluntarias de las FARC- EP se convocarán entre el 14 de febrero y el 27 de mayo de 2019”, señaló.

El primero en comparecer será Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko” el mismo 14 de febrero; le seguirá Pablo Catatumbo el 18 de febrero; y el 25 de febrero Pastor Alape.

El 8 de marzo se deberá presentar Carlos Antonio Lozada; el 12 de marzo Jesús Santrich; el 14 Iván Márquez y el 18 Hernán Dario Velázquez, alias El Paisa.

La JEP aclaró también que se llaman “versiones voluntarias” porque aunque la presencia es obligatoria, la verdad que aporten es decisión de cada uno.

 

El alcalde Enrique Peñalosa anunció un reforzamiento de la seguridad de la ciudad, gracias a la adquisición de dos modernas Unidades de Comando y Control Aéreo, los cuáles serán dirigidos de manera remota.

Se trata de dos unidades móviles compuestas por cinco drones, que serán manejados por la Policía Metropolitana de Bogotá para operativos, labores de control y vigilancia e incluso se podrían usar para el apoyo en la atención de emergencias.

Estos equipos móviles tuvieron una inversión de cerca de 2.000 millones de pesos y estarán conectado con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo- C4, desde donde se coordina la atención de todas las emergencias de la ciudad.

El alcalde Peñalosa, al dar esta buena noticia a los bogotanos, señaló: “La adquisición de los drones no está directamente relacionada con el tema antiterrorista.

 

Ante el Consejo de Estado, el delegado de la Procuraduría General pidió mantener la investidura al congresista Jesús Santrich. Según el representante del Ministerio Público, no se configuraron completamente las causales para decretar la pérdida de investidura contra el exjefe guerrillero de las Farc.

Desde la cárcel La Picota de Bogotá, el procurador Nicolás Yepes, aseguró que en la demanda no se tuvo en cuenta “la fuerza mayor” por la cual Santrich no pudo asumir su cargo como congresista de la República.

En su intervención el representante del Ministerio Publico advirtió que existe una jurisprudencia sobre las circunstancias por medio de las cuales existen causales para no posesionarse y por ello “solicitarle de manera respetuosa no acceda a la solicitud de perdida de investidura invocada por la Cámara de Representantes en la medida que en este concepto no están dados los elementos para decretar la pérdida de investidura”.

Entre tanto Jesús Santrich, advirtió dentro de su intervención que sus intenciones siempre han estado encaminadas en asumir las funciones como congresista, sin embargo, las acciones judiciales en su contra se lo han impedido.

Aseguró que no ha sido ni es “traqueto” y pidió que no se vulneren sus derechos políticos luego de lo que ha sucedido en el proceso de paz.

“Nunca he tenido involucramiento en negocios legales ni ilegales mucho menos de narcotráfico, jamás he intentado mover un gramo de cocaína o de cualquier otra sustancia; o elemento ilegal para ningún lado; no soy un traqueto soy un gestor de paz”, aseguró Santrich.

Aunque Santrich hizo varias afirmaciones sobre su proceso de detención, el Consejo de Estado no es el competente en materia penal.

No obstante, el alto tribunal deberá tener en cuenta los elementos materiales y los argumentos de cada una de las partes, para tomar una decisión sobre si mantiene o no la investidura contra el líder del partido Farc, Jesús Santrich.

 

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