“El Presidente ha presentado una propuesta para hacer una paz que una a todos y eso se hace a través de una ley que no deje ni una fisura donde se vaya a colar la impunidad y donde no haya una clara responsabilidad de los victimarios. Adicionalmente, que no se respete el hecho de la no repetición de estos delitos que se cometieron en el pasado”, dijo la Ministra.

La Ministra señaló que “este es un tema prioritario para el país, el país quiere que haya justicia y no se repitan los hechos del pasado. Entonces para que haya una paz realmente tiene que haber justicia, verdad, reparación y no repetición”.

Sobre la Reforma Constitucional que contendrá, entre otros puntos, la modificación a la exclusión de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, explicó: “El proyecto será presentado en la próxima semana de parte del Gobierno y tiene el mismo objetivo de las objeciones. La JEP debe tener las mismas garantías procesales del resto de las instancias judiciales”.

Adicional a la Jep, la jefe de la cartera política ha sostenido reuniones con los diferentes partidos políticos: “hay alrededor de 700 proyectos de ley que están radicados en el Congreso y queremos una racionalización de los proyectos. Estamos en el examen con cada uno de los partidos y la idea es que haya unas banderas legislativas por bancada y las podamos apoyar desde el Gobierno”.

“Consideramos que debe haber soluciones para las comunidades indígenas del Cauca”: Ministra del Interior

El Presidente de la República delegó una comisión de Alto Nivel, encabezada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para dialogar con el CRIC, que se desplazó ayer hacia la vereda de El Pital. “Hemos tenido un proceso que lleva más de seis meses de diálogo con el CRIC. El Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo especial para las comunidades indígenas, de acuerdo con el compromiso del Presidente Iván Duque del 9 de agosto y hemos venido adelantando la revisión de temas pendientes y compromisos del gobierno anterior”, dijo la Ministra Nancy Patricia Gutiérrez.

“Tenemos las puertas abiertas para que levanten las vías de hecho y aquí los esperamos. Lo más importante es que podamos revisar cuáles son las peticiones en concreto que ellos tienen”, concluyó la Ministra del Interior.

 

 

La propuesta del Partido MIRA,  busca redistribuir los recursos que se recaudan por las multas de tránsito en Bogotá y que actualmente se destinan para la educación del actor vial, planes de tránsito y dotación de equipos.

Bogotá recaudó el último año 184 mil millones de pesos en multas de tránsito, lo que equivale a más de 15 mil millones cada mes.

La Representante a la Cámara por Bogotá del Partido MIRA, Irma Luz Herrera, señaló: “Más de 20 días al año malgastan los bogotanos en trancones, pues según la Secretaría de Planeación, el retraso de la malla vial arterial es del 42% y de un 69% en troncales de Transmilenio, por ello planteamos que los recursos de las multas de tránsito se destinen a obras que ayuden a mejorar la calidad de las vías y los niveles de movilidad en la ciudad.”

La medida representa un beneficio para la ciudadanía y la movilidad de la ciudad, el llamado es a que los ciudadanos no incurran en infracciones de tránsito. 

Marzo 14 2019. La propuesta del Partido MIRA, permitirá que en menos de 4 años la ciudad pueda tener al día la malla vial del transporte público, señaló el Senador Carlos Guevara.

Bogotá recaudó 184 mil millones de pesos en multas de tránsito durante el 2018, provenientes de 728.913 que fueron impuestos, sumado a esto Bogotá tiene una cartera morosa por 400 mil millones de pesos. En la actualidad este dinero se destina para la educación del actor vial, planes de tránsito y dotación de equipos.

En la ciudad se realizan cerca de 15 millones de viajes diarios, de estos el 23% son en el SITP y el 13% en Transmilenio, lo que hace necesario mantener en óptimas condiciones la malla vial de estos sistemas, señaló la Representante de MIRA.  

Adicionalmente, durante el Foro, Partido MIRA radicó varias propuestas por el futuro de Bogotá en el PND:

?Bogotá y la región comparten el territorio: propone que el Gobierno Nacional apoye la creación de un mecanismo que permita la integración de Bogotá y la Región.

?Conectividad Regional: que el gobierno nacional destine recursos para la ejecución de proyectos viales estratégicos para la movilidad como: la Av. Boyacá - Chía, Av. Bosa, Calle 63, Túnel de la Calera (Cáqueza¬ Villavicencio), Av. Ciudad de Cali en Soacha, Intercambiador de Soacha, Av. Suba/ Cota por la calle 170, ALO Norte, ALO SUR.

?Salud con calidad para todos: los usuarios sin importar si pertenecen al régimen subsidiado o contributivo, puedan escoger su EPS con criterios de calidad.

?Los talentos naranjas de la Juventud: ampliar los beneficios de la ley de juventudes a los nuevos talentos que han surgido hoy, como los de Economía Naranja. La ley actualmente contempla apoyo a jóvenes de que estudian carreras tradicionales.

?Reconocer el aporte del Adulto Mayor:  Ampliar cobertura e inversión de la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, con nuevas modalidades de atención. 

?Movilidad eléctrica: Promover y fortalecer la movilidad eléctrica.

?Proyectos estratégicos de movilidad: modernización sistema de transporte masivo y financiación del metro.

 

 

 

 

 

 

 

 

El fiscal General de la Nación presentó su agrado con las objeciones presentadas por el presidente ante la Jurisdicción y afirmó que esto sirve para mejorar.

Además, aclaró que la JEP no se acabaría, “ese fantasma ya fue aclarado por su presidenta, Patricia Linares, que aseguró que el alto tribunal seguirá funcionando plenamente”.

También explicó que no se trata de un choque de trenes, porque los actos del Gobierno buscaban “plantear que las decisiones se tomen en el Congreso, pero no hay ningún choque con la Corte Constitucional”.

Comunicado de prensa

1. La PAZ es un derecho inalienable e intangible al que todos debemos acatar y velar por su cumplida realización.

2. Es deber de la Fiscalía, como ente ejecutor de la política criminal del Estado, poner de presente ante la Nación todo aquello que puede dejar desprotegida a la sociedad frente a las distintas expresiones del delito.

3. En tal sentido, la Fiscalía ha hecho públicos - desde hace más de dos años - sus puntos de vista en torno al marco jurídico de la paz, que pudieran resultar inconvenientes en la lucha contra el crimen, por virtud de lo cual el Congreso de la República atendió en su oportunidad las alertas propuestas por la justicia ordinaria en relación con el ejercicio de las competencias de la justicia de transición.

Desde el pasado hemos manifestado y hoy insistimos, que (i) es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos y (II) que los reinsertados puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, manteniendo beneficios de la JEP, así sea con gradualidad.

También participamos de la preocupación de distintos sectores del país acerca de que los delitos sexuales contra menores se beneficien del régimen de transición hacia la paz.

4. Con ocasión del trámite de objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, la Fiscalía ha hecho de conocimiento público sus preocupaciones y reservas sobre el texto final, con profundo respeto por las decisiones de la Corte Constitucional.

5. La Fiscalía aprecia que el acatamiento a la cosa juzgada constitucional en el presente trámite de objeciones es irrestricto, al punto que las disposiciones que fueron declaradas inexequibles no son objeto de glosa alguna y, por el contrario, dan lugar a una iniciativa de reforma constitucional, que se propone por los cauces de la institucionalidad democrática.

6. Tampoco constituye un anatema que, en el marco de la arquitectura de las leyes estatutarias, el ejecutivo pueda objetar un proyecto de ley después de su revisión constitucional. Así lo acepta la Carta Política y así ocurrió precisamente en el año 2012 respecto del proyecto de ley estatutaria No. 104/11 C y 109/11 C.

7. Colombia tiene que darse el derecho a contestar sosegadamente, por los canales que determina el orden constitucional, si son convenientes para la paz y para la política criminal del país, los siguientes asuntos:

(I) ¿Es conveniente que la reparación de las víctimas del conflicto armado quede a cargo exclusivamente del Estado y se excluya a los victimarios de este deber de reparación, manteniendo intangible su patrimonio ilícito?

(II) ¿Es conveniente que el gobierno no pueda excluir de las listas de desmovilizados a personas a quienes se les compruebe que son narcotraficantes reconocidos, ajenos a los movimientos reinsertados, para que gocen de los beneficios de la JEP?

(III) ¿Es conveniente que mientras arranca la JEP, la Fiscalía deba suspender las diligencias judiciales para recabar pruebas frente a los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad?

(IV) ¿Es conveniente que las bases de la guerrilla que cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra se beneficien de impunidad y queden expuestos mañana a ser llamados a rendir cuentas por la justicia internacional?

¿No será mejor ofrecerles una solución en la justicia de transición?

(V) ¿Es conveniente que las pruebas que pueden decretarse en el marco de la instancia de la garantía de no extradición para los reinsertados se extiendan a cualquier asunto y pongan en aprietos la cooperación judicial internacional en la que Colombia es jugador de primera línea?

(VI) ¿Es conveniente que terceros distintos a rebeldes y agentes del Estado puedan invocar la garantía de no extradición, apelando a la argucia de que están contribuyendo con la verdad del

proceso de paz, a la que pueden servir desde jurisdicciones extranjeras mediante la tecnología moderna?

8. La institucionalidad de la República no puede estar en entredicho cuando los poderes actúan en el marco de sus competencias.

9. La Fiscalía contribuirá al análisis reposado de estos asuntos desde el Congreso de la República, con la profunda convicción de que el trámite de estas cuestiones no compromete para nada la PAZ, ni mucho menos cause una herida a la JEP - que ha venido actuando durante estos dos años sin traumatismos- y, por el contrario, constituye una valiosa oportunidad para que, bajo el liderazgo del Jefe del Estado, los distintos sectores de la vida nacional procuren un consenso al respecto.

 

 

 

 

 

Desde las gradas del Capitolio, un grupo de congresistas en represenatción de los partidos de oposición, encabezados por Juanita Goebertus, representante de la Alianza Verde, respondieron a la alocusión presidencial dondel el Presidente Iván Duque, anunció seis objeciones al proyecto de le ley estatutaria de la JEP.

Es la primera vez que se aplica este derecho a replica por parte de la oposición en el país, para darle cumplimiento 

al estatuto de la oposición -que empezó a regir desde el 20 de julio de 2018 (artículo 15, ley 1909 de 2018)-

El formato señala, que después de una alocución presidencial, los partidos opositores tienen 48 horas para presentar su réplica “en los mismos medios, con igual tiempo y horario”, el cual podrá efectuarse solo tres veces al año.

Esta vez la intervención corrió por cuenta de Juanita Goebertus, quien por espacio de media hora, manifestó 

“Nos preocupan muchísimo los efectos de la decisión del presidente de objetar estos apartados de la ley estatutaria de la JEP, primero, porque ponen en riesgo la separación de poderes del Estado social de derecho”, explicó la congresista, este martes, en Voces RCN.

Según Goebertus, las objeciones también “ponen en riesgo el proceso de construcción de paz”.

"En vez de unirnos, como dice supuestamente el presidente, nos dividen, nos devuelven a la agenda entre el Sí y el No y además nos distraen de la agenda nacional más importante, de los temas que realmente le interesan a la ciudadanía, que tienen que ver con su bienestar socioeconómico”, agregó la representante.

Goebertus también se refirió al hecho de que esta es la primera vez que se aplica este derecho a réplica: “Esta es una expresión importante, donde de manera realmente muy generosa todos los partidos de la oposición decidieron confiar en mí esta vocería para poder expresarle de manera clara al presidente que nos vamos a quedar quietos”.

“Estamos movilizando actividades tanto políticas como jurídicas para evitar que salgan adelante estas objeciones y esas reformas”, dijo la representante, y anunció que para el próximo lunes 18 de marzo se está convocando a una manifestación en el Planetario de Bogotá, a partir de las 6:00 p.m., para oponerse a las objeciones.

Esta alocución es histórica, además, porque muestra por primera vez a miembros del partido Farc, creado gracias al acuerdo de paz, como parte de la oposición dentro de la legalidad colombiana.

 

 

El presidente de la República, Iván Duque objetó parcialmente la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así las cosas, parte de su articulado deberá regresar al Congreso de la República para revisión y de allí pasará a la Corte Constitucional.

En una alocución televisada, el Jefe de Estado expresó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición.

Señaló que el país está ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. “Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”.

Afirmó que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, indicó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”.

En un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”.

Debido a esto, el Congreso de la República debatirá si las objeciones presentadas por el jefe de Estado en seis artículos de la ley estatutaria tienen fundamento o no.

El pasado 20 de febrero Duque afirmó que la decisión que tomaría sobre la sanción a la ley estatutaria, que ya fue aprobada por el Congreso de la República y la Corte Constitucional, estaba orientada a la búsqueda de la verdad.

“Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el Mandatario.

Recordó que la Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia en el marco del “principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”. Y dijo que utilizó ese tiempo “para analizar con cuidado y ponderación este proyecto”.

Antes de explicarle al país las razones de cada una de las objeciones, el Jefe de Estado indicó que estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. “Una oportunidad –dijo- que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”.

Luego hizo dos consideraciones: la primera, que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, expresó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”.

En segundo lugar, recalcó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó- que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

En este sentido, y en un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”.

“El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”, subrayó.

Agregó que la administración de justicia en la JEP, producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición, e hizo énfasis en que “este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones”.

Las siguientes son las objeciones:

Artículo 7:

“Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”.

Inciso octavo del artículo 63:

“El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”.

“Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”.

Inciso tercero del literal j del artículo 79:

“El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”.

Parágrafo 2 del artículo 19:

“Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría

impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”.

Artículo 150:

“El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”.

Artículo 153:

“Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados”.

Tras exponer las razones de las objeciones, el Presidente recalcó que la Corte Constitucional cumplió con su mandato y se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. “El fuero que me corresponde como Presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos estas seis objeciones”.

Reiteró que cada una de estas observaciones busca la mejora y la corrección de la Justicia transicional para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos una. Y subrayó: “No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar”.

Duque presentará reforma constitucional al Congreso de la República sobre tres aspectos de la JEP

Igualmente el Presidente Iván Duque anunció este domingo que presentará al Congreso de la República un acto legislativo de reforma constitucional enfocado en tres aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que es necesario para el país.

En Colombia  existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la Justicia Transicional que debemos avanzar para ser modificados y que, estoy convencido, son necesarios para el país”, afirmó el Jefe de Estado en alocución televisada este domingo, en la cual anunció al país que el Gobierno nacional hizo objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP.

En ese sentido, el Mandatario les dijo a los colombianos que “presentaremos al Congreso una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017 que incluya estos tres puntos que mejoran la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Al dar a conocer cada uno de los tres puntos que incluirá la reforma constitucional, el Presidente explicó que el primero tiene que ver con “la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia Transicional”.

“Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores”, enfatizó el Mandatario.

El segundo punto de la iniciativa de reforma constitucional –dijo– “debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios”.

Así mismo, al explicar el tercer aspecto, el Presidente indicó que este acto legislativo “debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la Justicia Ordinaria para asegurar los principios de Justicia y No Repetición”.

Manifestó que el acto legislativo será radicado tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República y que respetará las decisiones que sobre la iniciativa tome el Legislativo.

“Tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República radicaremos este acto legislativo e invitaremos a los congresistas a discutirlo. Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República”, dijo.

Finalmente, se mostró convencido “de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica entre los tres poderes”.

“Juntos, la rama Ejecutiva, el Legislativo y la Corte Constitucional, podremos reformar y diseñar una Jurisdicción Especial para la Paz que asegure a todos los colombianos genuina Verdad, genuina Justicia, genuina Reparación y genuina No Repetición”, subrayó.

 

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