El Partido Político MIRA propone varias alternativas para beneficiar a más de 1.681.000 vendedores que se encuentran desarrollando su actividad en la calle.

La propuesta del Partido MIRA plantea: Realizar un Censo nacional, Capacitación en el SENA, Locales bien ubicados, Nuevas alternativas de Ingreso, Pago por uso del espacio público al estado.

El Presidente y Senador del Partido MIRA, Carlos Eduardo Guevara señaló: “está iniciativa que busca ser incluida en el Plan de Desarrollo, crearía la política pública de vendedores informales, algo que hemos impulsado en el Partido desde hace 12 años, por eso insistiremos en que este beneficio sea una realidad en el país”

Por su parte la representante a la cámara Irma Luz Herrera destacó: “La base de esta iniciativa busca generar alternativas para que los llamados vendedores informales o ambulantes tengan una vejez digna e incluso nuevas alternativas de empleo.”

Marzo 7 de 2019. El Partido político MIRA comprometido con los vendedores informales del país, propone que sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo varias alternativas que promuevan beneficios para esta población.

La propuesta que ya es calificada como una política pública de vendedores informales plantea:

? Realizar un Censo nacional: actualmente el DANE señala que en la calle laboran informalmente 1.681.000 personas.

? Capacitación en el SENA: En diferentes artes y oficios.

? Locales bien ubicados: Donde tengan un mercado estable.

? Alternativas de ingreso (empleo o negocio): Capitales semilla

? Pago por uso ocasional y/o temporal del espacio público al estado algunos vendedores ambulantes señalan, que pagan actualmente por trabajar en el espacio público a terceros y ese dinero no representa algún beneficio para su futuro.

El Senador Guevara afirmó: “Si los vendedores informales decidieran pagar por usar temporalmente el espacio público, esos recursos serían destinados para el propio beneficio del vendedor, se destinaría como ahorro para que tenga una vejez digna, una pensión. ¿Cuándo un vendedor informal tendrá una pensión? Esta es una alternativa”

Por su parte la Representante a la Cámara por Bogotá, Irma Luz Herrera, aseguró que en varias ciudades se puede aplicar esta iniciativa e incluso en zonas o corredores estratégicos.

Desde el Estado se deben generar políticas, programas y proyectos que garanticen el derecho al trabajo de vendedores, con observancia de los principios del debido proceso, buena fe y confianza legítima.

 

 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 007 denominado ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’.

El proceso abarca hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016. Sin embargo, como la mayoría de menores que fueron reclutados por las Farc hoy son mayores de edad, la JEP deberá analizar cada caso para determinar la edad en la que fueron incorporados en la guerrilla.

De acuerdo con la JEP, este fenómeno cuenta con un elevado nivel de impunidad pues, de 4.219 investigaciones que aparecen en los sistemas de información de la Fiscalía, en apenas diez se dictó sentencia condenatoria.

En total, estos casos arrojan 5.252 víctimas y 5.043 procesados. Según han determinado las autoridades, el reclutamiento de niños y niñas por parte de las Farc tenía como objetivo incrementar su capacidad militar.

Los departamentos donde se concentran la mayoría de los hechos de reclutamiento son Meta, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Cauca.

En este caso, la JEP también investigará otras conductas cometidas por las Farc contra los niños y niñas, como por ejemplo la violencia y esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados, de los cuales las niñas fueron las principales víctimas.

También se investigará la imposición de trabajos incompatibles con su condición de niños, la limitación a su libertad para abandonar las filas y la imposición de castigos o penas crueles, inhumanos o degradantes que, según los relatos contenidos en los informes, van desde la imposición de trabajos forzados hasta los fusilamientos.

“Según los informes aportados a la Sala de Reconocimiento, el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado hacía parte de las políticas y prácticas de las Farc-EP y, en consecuencia, su responsabilidad podría imputarse a quienes comandaban esa guerrilla”, señaló la JEP.

Además, de acuerdo con las bases de datos con las que cuenta la JEP, casi la mitad de los niños y niñas que, según registros ingresaron a las filas de las Farc, fueron reclutados antes de los quince años.

La Sala de Reconocimiento abre este caso a partir de tres informes presentados por la Fiscalía General de la Nación, un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica y otro presentado por la Coalición Coalico.

Este caso tendrá además especial atención sobre los casos de menores reclutados pertenecientes a pueblos indígenas, afrocolombianos, palenqueros, rom y raizales.

También se tuvieron en cuenta las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sistema de Información de las Afectaciones a los Pueblos Indígenas de Colombia, de la ONIC, y la base de datos entregada por el Centro de Cooperación Indígena.

 

La investigación por los hechos de corrupción en la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial de Paz se adelantaba hace varios meses. La hipótesis que tenía la Fiscalía es que funcionarios de la JEP ofrecían información sometida a reserva a cambio de millonarios pagos.

El operativo de la Fiscalía incluyó a agentes infiltrados de la DEA que llegaron hasta el ex senador Luis Alberto Gil y le ofrecieron dos millones de dólares por ubicar a funcionarios en la Justicia Transicional que “intercedieran” en el trámite de extradición de Jesús Santrich.

Con el “negocio” cuadrado solo faltaba definir la forma y el lugar del pago. La Fiscalía dispuso de un fondo especial para sacar los 500.000 dólares y repartirlos en las dos entregas que quedaron en video.

En la audiencia, que el pasado fin de semana sirvió para legalizar la captura, la Fiscalía presentó un recibo donde se autorizó el desembolso de los dólares usados en el operativo y que permitió completar la transacción ilegal.

Sin embargo y a pesar de tener todo listo para la imputación de cargos, después de seis horas de trámites no se pudo adelantar la diligencia, el ex senador Gil sigue en una clínica y la comunicación por video conferencia no fue posible, así que decidieron aplazar la audiencia para este martes.

 

El Ministerio del Interior asesorará a los alcaldes que tienen procesos administrativos pendientes por contratos con ese despacho que no se han liquidado, dijo hoy la Ministra Nancy Patricia Gutiérrez.

En el Congreso Nacional de Municipios, que se lleva a cabo en Cartagena, la Ministra indicó que un grupo de abogados del Ministerio les brindará apoyo a los alcaldes con dificultades en la liquidación de convenios.

Explicó que “hay más de 450 municipios que tienen unos procesos pendientes, enviados en junio del año pasado a los juzgados, en unas demandas para sellar unos procesos de contratación de años anteriores, incluso de alcaldes anteriores a ustedes”.

“Nosotros tenemos un grupo de abogados que está atento a apoyar a los alcaldes para efecto de poder hacer las conciliaciones, cumplir con los requisitos que hagan falta y las devoluciones de dinero que están pendientes, y puedan terminar esas liquidaciones en debida forma”, explicó.

La Ministra invitó a los alcaldes a solucionar los procesos pendientes antes de terminar su gestión, a finales de este año.

Los municipios con mayor número de procesos son Nariño (46), Antioquia (39), Cundinamarca (38), Santander (35) y Valle (25).

 

 

Por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y cohecho, serán imputados Carlos Bermeo, fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, el ex senador Luis Alberto Gil y otras tres personas tendrán que responder en audiencia de imputación de cargos.

Se trata del escenario donde la Fiscalía presentará todo el material probatorio en su contra y que los deja como supuestos responsables de organizar un “negocio” que incluía como contraparte frenar la extradición del ex jefe de las Farc, Jesús Santrich.

La Fiscalía presentará audios, videos y declaraciones que los comprometen con un nuevo escándalo de corrupción. Es el momento también para que decidan aceptar su responsabilidad, se reconozcan en los videos y asuman los cargos imputados por la Fiscalía.

Este mismo lunes los investigadores solicitarán una medida de aseguramiento en contra de los capturados, que los envíen a la cárcel mientras avanza el proceso, todo por considerar que pueden afectar la investigación.

 

 

 

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