El ministro de Defensa, Guillermo Botero, realizó un recorrido por la XIX Feria Inmobiliaria, que inició este miércoles en las instalaciones de Caja Honor, en la cual se exhiben proyectos de vivienda para miembros de la Fuerza Pública, desde 60 hasta 300 millones de pesos.

El ministro Botero aseguró durante la apertura del evento, que cual irá hasta el próximo viernes 26 de octubre, que: “esperamos que cerca de 3.500 personas visiten la Feria Inmobiliaria 2018 (…), en la que los héroes de la patria tendrán la oportunidad de adquirir una solución de vivienda”.

Por otra parte, el Ministro de Defensa se refirió a la situación de Hernán Darío Velásquez alias ‘El Paisa’, excomandante de la columna móvil Teófilo Forero de la Farc, quien no se ha presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con su abogado.

“Hay preocupación porque si él no aparece, quiere decir que no tiene ninguna voluntad de paz. A él se le han dado todas las garantías, tiene todos los beneficios que se derivan del acuerdo final y lo único que tenía que hacer era presentarse ante ellos para seguir gozando de esos beneficios que le permiten moverse libremente en el territorio nacional”, explicó Botero.

 

Como muy positivo para las regiones calificó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, el proyecto de Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2019 – 2020 que inició su discusión este martes.

De acuerdo con el funcionario, el aumento de 63% frente al presupuesto del actual bienio, permitirá iniciar o concluir proyectos de inversión en todas las regiones del país, pues en todas hay un aumento de más del 50%.

Por ejemplo, en la región Caribe (San Andrés, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre) hay un aumento del 50% y recibirá $5,2 billones para el bienio 2019 – 2020.

Para los departamentos de la región Centro Oriente (Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Bogotá), se destinarán $2,5 billones, subiendo un 55% frente al bienio anterior.

De igual forma, para el Eje Cafetero (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda) hubo un aumento del 51%, recibiendo $1,6 billones en total.

En cuanto a los departamentos del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), el proyecto pretende destinar $2,4 billones, es decir, un aumento del 53%.

Así mismo, los departamentos de la región Centro Sur (Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima), registran el mayor incremento, de un 62%, llegando a los $1,8 billones.

Finalmente, los Llanos (Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada), recibirán $2,6 billones, lo que significa un aumento del 61% frente al presupuesto 2017 – 20

 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó un plazo de tres días para que la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro, entreguen la información detallada sobre los bienes que reportaron las Farc tras su desmovilización

La solicitud de esta información se hizo porque la JEP deberá definir si les impone medidas cautelares a estos bienes para protegerlos y destinarlos a la reparación de las víctimas.

Sin embargo, inicialmente la JEP les había dado 30 días para cumplir con este trámite y entidades como la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado han manifestado que no pueden entregar la información solicitada y por eso la JEP suspendió el límite de tiempo para hacerlo.

A la Fiscalía se le solicitó informar acerca de la clasificación y relación de bienes y activos de las antiguas Farc que se encuentren en extinción de dominio, con o sin medidas cautelares, así como información sobre los bienes y activos no inventariados y que reporte las amenazas, pérdidas y deterioro.

La Fiscalía también deberá informar si ha identificado otros bienes y activos de propiedad de antiguos miembros de las Farc que aún no hayan sido recuperados

Sin embargo, el ente acusador manifiesta que “la información relacionada con procesos de extinción de dominio tiene carácter reservado” y que por lo tanto es “jurídicamente es imposible” que la Fiscalía cumpla con lo solicitado.

Por su parte, a la Superintendencia de Notariado se le solicitó la información acerca de los terrenos que tenían las Farc a través de testaferros y otras modalidades. Esa entidad ha revelado que las Farc se adueñaron hasta de zonas de parques naturales y de baldíos de la nación.

Además, la JEP tuvo en cuenta que el exsúperintendente Jairo Alfonso mesa entregó declaraciones a medios de comunicación en las que asegura que en los inventarios entregados por las Farc no están completos y las Farc no entregaron los bienes que verdaderamente tienen.

La entidad manifestó que la información consolidada por ellos “hace parte del archivo de la Fiscalía” y que por esa razón no pueden brindar los informes.

El trámite para decretar las medidas cautelares sobre dichos bienes queda en espera mientras la JEP recibe la información requerida se levantará esa suspensión de términos. La JEP asegura que los argumentos dados por estas entidades son inaceptables, toda vez que los derechos de las víctimas son objeto de todas las actuaciones de la JEP.

El Tribunal de paz señala además que cuenta con la autonomía y competencia para vincular a este tipo de trámites a entidades públicas, así como requerirles la información que sea necesaria.

Esta misma información les fue solicitada a Rodrigo Londoño conocido como 'Timochenko' y Pastor Alape, así como a otras entidades públicas.

 

La mesa directiva de la Cámara de Representantes, demandó ante el Consejo de Estado la investidura de congresista de alias Jesús Santrich, del partido de las Farc, que todavía no se posesiona en esa corporación.

Desde el legislativo se explicó que este es un trámite que debe cursar legalmente como consecuencia de que Santrich no se posesionó en su cargo el día 20 de julio, cuando comenzaron las sesiones ordinarias en el Congreso.

En el Consejo de Estado está surtido el reparto del proceso y el caso le correspondió a Adriana Marín, magistrada que hace parte de la sección Tercera.

Como se sabe, Jesús Santrich no se posesionó como congresista por encontrarse privado de la libertad, además, no recibió el permiso de un juez para trasladarse al Congreso.

Semanas atrás, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo que le preocupa la posibilidad de que miembros de la exguerrilla de Farc que cometan delitos fechados después de la firma del acuerdo de paz, no sean extraditados.

El embajador señaló que: “La extradición es una herramienta muy fuerte para Colombia, para Estados Unidos, para las víctimas y para el acuerdo de paz. Cualquier persona o institución que

pueda trancar las extradiciones afecta los intereses de Estados Unidos, afecta los intereses de Colombia y de todos los que anhelamos la paz”.

Y agregó que: “Jesús Santrich está acusado en una Corte de EE.UU. de haber violado la ley estadounidense, por eso estamos buscando su extradición y vamos a seguir en eso”.

También destacó que en el acuerdo de paz se determinó que quien cometa delitos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz sería sometido a la justicia ordinaria y que si era solicitado en extradición ese proceso no podía frenarse.

Whitaker mencionó la carta que Iván Márquez y alias ‘El Paisa’ que fue enviada al Senado y en la que lo señalan de querer “aplastar la paz en Colombia”.

Manifestó además que: “No hay un país que haya ayudado más a este proceso de paz, políticamente y en términos financieros, que Estados Unidos”.

De igual manera, un concepto enviado por la Procuraduría General de la Nación a la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, solicitó excluir de los beneficios de esta jurisdicción a uno de los presuntos socios de alias ‘Jesús Santrich’ dentro del proceso por el envío de 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Ese presunto socio sería Armando Gómez España, alias ‘El Médico’ quien fue capturado junto con Santrich en el operativo realizado por el CTI de la Fiscalía General 9 de abril en una vivienda en el barrio Normandia en Bogotá.

Según el Ministerio Público, con este sujeto no se cumplen los requisitos para ser aceptado en la JEP, por lo que se le pide a esta jurisdicción que se le retire de la lista.

La Procuraduría dice además que Gómez España no fue incluido en los listados que las Farc entregó al Gobierno de los excombatientes de esa guerrilla.

Y agregó que su nombre tampoco permanece en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el cual es: “único medio para acreditar administrativamente la pertenencia de una persona a las Farc”.

Resaltó que los hechos de narcotráfico se presentaron después de la firma del acuerdo de paz: “Dicha organización ya había dejado las armas o realizado el tránsito a la legalidad. Por lo cual pretender aducir su pertenencia por esos hechos resulta improbable”.

Al parecer, Gómez España solicitó enterada a la JEP el pasado 7 de junio alegando haber sido parte de las Farc. Manifestánsode la necesidad de que esta jurisdicción conociera su proceso de extradición y se le ofreciera el indulto.

El documento de la Procuraduría dice que: “Se declare la conexidad de las conductas que se le imputan con el actuar rebelde de las FARC-EP y se conceda la correspondiente amnistía y finalmente se despache desfavorablemente la petición de extradición hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América”.

 

Con marchas en las principales ciudades de Colombia, la ciudadanía clamó por los derechos y el respeto de sus niños

En Bogotá, Cartagena, Calí, Medelín, Bucaramanga y otra veintena de ciudades. la ciudadanía marcho a lo largo de las principales avenidas y lanzar en voz alta un ¡Basta ya!  contra las violaciones y asesinato de niños y niñas en el país.

Las marchas que por más de tres horas se tomaron avenidas y calles céntricas de las diferentes ciudades y poblaciones, bajo la consigna #MeLa JuegoPorLosNiños, fue la primera de una serie de jornadas que se adelantarán por todo el país para concientizar a los ciudadanos del difícil momento que viven nuestros niños asediados por violadores y maltratadores.

Durante las alegres caravanas asistidas por niños, padres de familia y adultos mayores, la consigna de defender a nuestros niños se convirtió en la prioridad de toda la ciudadanía que a una sola voz pidió cerrar fila para defender y respetar los derechos de los niños y enfrentar con todo el peso de la ley a los violadores y abusadores.

Durante la jornada llamó la atención los líderes políticos que alzaron la voz y apoyan la cadena perpetua para violadores, como una de las alternativas para castigar duramente a los abusadores y violadores de niños.   

 

 

 

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