En entrevista con Noticias Caracol el jefe del hasta hace pocas semanas equipo negociador del ELN dijo que insistirán en el “diálogo”.

Israel Ramírez Pineda, conocido con el alias de ‘Pablo Beltrán’ y quien lideró en Cuba al equipo negociador del ELN en el hasta ahora fallido proceso de paz con el Gobierno, habló desde la isla negando que esa guerrilla haga presencia en Venezuela.

“En Colombia, en toda la frontera, los 2.200 kilómetros que hay con Venezuela, sí estamos nosotros, pero en Venezuela no”, dijo Beltrán en entrevista con Noticias Caracol.

"Nosotros tenemos muchos frentes en la frontera, pero no estamos dentro de Venezuela": Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, habla desde La Habana http://noticiascaracol.com

El líder guerrillero también señaló que el ELN “tiene voluntad de que haya un diálogo y que haya una baja en la intensidad del conflicto", y afirmó que, ante la negativa del presidente de Iván Duque para avanzar en una negociación, intentarán adelantar ese proceso con Gobierno de “perfil más democrático”.

El presidente Duque levantó la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional en enero pasado, tras confirmarse la responsabilidad de ese grupo armado ilegal en el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander, que dejó 22 víctimas mortales

 

Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), en una carta dirigida al director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo, pidió la desvinculación del fiscal Carlos Bermeo, quien fue capturado por el caso del supuesto soborno para influir en el proceso de extradición de 'Jesús Santrich', vinculado a un caso de narcotráfico.

Además, Linares solicitó que se revisen las hojas de vida de los fiscales de la JEP y los colaboradores de Bermeo en el marco de un trámite ético dentro de la institución.

“La revisión exhaustiva y detallada de las hojas de vida y los perfiles de sus directos colaboradores, pues como lo he manifestado en reiteradas oportunidades, no basta con la verificación de los requisitos de ley sino, lo que es más importante, con la comprobación de las calidades éticas y morales de quienes tienen a su cargo una tarea tan delicada como la que debe cumplir la Unidad”, dice uno de los apartes de la carta.

Y agrega: “Con mi reiterado respeto a usted y a su autonomía, debo solicitarle que, una vez efectuada esa revisión, con la documentación que la sustente, la comparta con nosotros en el Órgano de Gobierno de la Jurisdicción del que Usted hace parte. Esa información será? publica en nuestra página Web para conocimiento de la ciudadanía”.

Sobre el caso, un juez de control de garantías de Bogotá legalizó las capturas de Carlos Bermeo, el fiscal de la Unidad de Apoyo de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de otras tres personas señaladas de haber recibido una millonaria suma de dinero a cambio de incidir en el proceso de extradición de Seuxis Pausías Hernández, conocido como Jesús Santrich.

Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación al concluir la audiencia en la que legalizó el procedimiento de captura que fue grabado y presentado ante los medios de comunicación.

El funcionario judicial decidió inicialmente legalizar la captura del exsenador Luis Alberto Gil, conocido como 'El Tuerto' Gil, diligencia que se llevó a cabo en una clínica de la ciudad de Bogotá, por presentar quebrantos de salud.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, estas personas fueron grabadas cuando recibían $500.000 dólares en dos hoteles de Bogotá, a cambio de incidir en el proceso de extradición de Santrich quien permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá y solicitado por el Gobierno de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

 

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que la frontera con Venezuela está abierta del lado colombiano, y se ha brindado atención humanitaria a todas las personas que la han cruzado solicitando auxilio.

"Ayer llegaron más de 3.000 personas desde Venezuela. Todos han sido atendidos por Migración Colombia tras su paso por Cúcuta, pero nos preocupa el caso de diabéticos, hipertensos, nefrodependientes y enfermos de cáncer que recibían atención en Colombia" explicó Botero, al tiempo que manifestó su preocupación por la situación de educación de los 3.218 niños que no pudieron volver a estudiar por vivir del lado venezolano de la frontera.

En materia de seguridad, el Ministro insistió en que se mantiene la seguridad normal en los puentes fronterizos y que no hay reforzamiento militar ni policial, pero sí hay preocupación por la estabilidad de la estructura del puente Simón Bolívar, que está soportando el peso de al menos 3 containers llenos de arena.

"No es un secreto que el puente Simón Bolívar, en la frontera colombovenezolana, es una construcción debilitada. El peso acumulado de los containers en la parte venezolana de la estructura podría provocar su colapso", advirtió Botero Nieto.

Por último, el Ministro confirmó que en las últimas horas aterrizó un avión proveniente de los Estados Unidos con más ayuda humanitaria: "intentaremos entregarla a quienes lo necesitan. Estas ayudas podrían reponer lo que fue quemado y buscaremos la manera de entregarlas", concluyó.

 

El pasado mes de julio, el Presidente de la República sancionó la Ley 1918 de 2018 que inhabilita de sus cargos a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad, sin embargo la ley aún no se ha reglamentado, alertó la senadora conservadora, Nadia Blel.

La legisladora explicó que al Gobierno Nacional le corresponde crear un registro de agresores sexuales, para evitar que vuelvan a ser contratados en sitios donde tengan contacto con menores de edad.

A juicio de Blel, pese a que la ley en referencia fue sancionada e inhabilita de sus cargos a quienes hayan cometido delitos sexuales contra los niños y niñas y crea un registro para evitar que vuelvan a ser contratados en lugares donde tengan contacto con menores, seis meses después, el Gobierno Nacional aún no tiene lista la reglamentación que permite poner en funcionamiento esta normativa.

Requisito preventivo

La ley, de autoría de la senadora Nadia Blel, no sólo contempla un régimen de inhabilidades para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa con menores de edad para las personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, sino que establece que las entidades públicas y privadas cuyo personal tenga trato habitual con menores de edad en cargos que tienen que ver con ámbitos educativos, recreacionales, de cuidado, protección, asistencia, salud, nutrición, bienestar, cultura, seguridad, entre otros ámbitos, tienen que realizar dicha consulta durante el proceso de selección del personal que requiera ser contratado.

Tras sancionarse esta ley, se estableció un periodo de seis meses para que fuese reglamentada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, ese plazo se cumplió en el mes de enero y aún la normativa no se ha puesto en marcha.

“Le hacemos un respetuoso llamado al Gobierno para que reglamente esta ley a la mayor brevedad posible. Pedimos celebridad, por cuanto son nuestros niños y niñas quienes están en riesgo debido a que las personas que comenten este tipo de delitos tienen un alto grado de reincidencia. Aquí se trata de proteger los derechos de nuestros niños, los cuales están por encima de todo”, afirmó la senadora conservadora Nadia Blel.

Según Medicina Legal, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ha ido en aumento en los últimos tres años. En el 2018 se reportaron 24.532 casos de presuntos delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, es decir un aproximado de 67 casos por día.

De estas cifras, en 5.362 casos el delito fue cometido por personas que, aunque no estaban emparentadas con la víctima, sí tenían algún tipo de cercanía habitual con ella. Es debido a esto que, luego de ponerse en marcha esta ley, si una persona quiere trabajar de manera remunerada o voluntaria en algún cargo donde haya trato cercano con menores de edad, debe autorizar que el empleador realice previamente un cotejo a través de un mecanismo de consulta en línea para determinar si tiene o no alguna inhabilidad. Dicha consulta se deberá actualizar cada cada cuatro meses, una vez se inicie el contrato.

Cabe recordar que la normativa estipula que el ICBF impondrá una multa que va desde cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a las entidades públicas o privadas que omitan la consulta en línea de la inhabilidad por delitos sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes.

Esta información de inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes la podrán solicitar solo las entidades definidas y autorizadas por el ICBF, para ello será el Ministerio de Defensa-Policía Nacional–Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, el encargado de administrar la base de datos de quienes hayan sido sancionados con inhabilidad por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

 

 

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general William Salamanca, comparecieron en un debate de control político en el Congreso, para responder por los abusos que se han cometido en la aplicación del Código de Policía.

La multa impuesta a un joven que compró una empanada en la calle no fue el único episodio que se ventiló durante la sesión, también se mencionaron casos como la imposición de sanciones a quienes graban procedimientos policivos.

Durante su intervención en la Comisión Primera de la Cámara, Botero admitió que es muy posible que se hayan presentado algunos errores en los operativos que hacen las autoridades.

“Y puede pasar que al expedir una orden de comparendo, se haga una indebida interpretación del Código, ni más faltaba que no, pero siempre habrá un control de legalidad por parte de los inspectores y del contencioso administrativo y obviamente se aumentaron las competencias del Ministerio Público para controlar la actividad policiva, aquí no hay actuaciones arbitrarias”, señaló.

El ministro de Defensa también confirmó que los uniformados están siendo constantemente capacitados en la aplicación del Código.

“Ha habido toda una capacitación y claro que se puede mejorar, pero todos los integrantes de la Policía han sido preparados, eso lo hemos hecho en múltiples ocasiones. Hay 1184 multiplicadores que están enseñando a otros”, manifestó.

Por su parte, el general William Salamanca, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, indicó que sus hombres hacen todo lo posible por apegarse a las normas a la hora de hacer un procedimiento.

“Somos seres humanos y fallamos, pero también reconocemos nuestras fallas, porque pretendemos ser más efectivos y fieles cumplidores de la Constitución”, indicó.

El ministro de Defensa también aclaró que el Código de Policía permite que los ciudadanos graben con sus aparatos tecnológicos cualquier procedimiento que realicen los uniformados en las calles.

 

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