La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa que busca renovar la recaudación de fondos para beneficios de la Universidad de Córdoba por 100 mil millones de pesos.

La representante Sara Piedrahita, ponente del proyecto, afirmó “que es  importante renovar esta iniciativa para así seguir promoviendo el crecimiento y progreso de la institución, pero sobre todo la calidad educativa que reciben sus 17 mil estudiantes”.

Debido a que los recursos que promovía la ley 382 se agotaron, es inminente su renovación para poder seguir apoyando a la primera universidad de los cordobeses en su proceso de regionalización y acreditación, anotó Piedrahita.

Este proyecto, de la autoría de la Senadora Ruby Chagüi, cuenta con el respaldo y apoyo de la bancada denominada Córdoba Unida, y se espera que pueda seguir su curso en los tres debates restantes en el Congreso de la República.

 

Congelar o no por tres años en el país el cobro del impuesto predial, para corregir sus desmesuradas tarifas y proteger el derecho a la propiedad privada, es el tema central del debate que adelantará este miércoles (9 a.m.), la Comisión Quinta de la Cámara por iniciativa del representante Ricardo Ferro.

De acuerdo con Ferro congresista de Centro Democrático, “el pago del predial no puede volverse un atentado contra la propiedad privada en muchos municipios del país y lo que se busca es defender a todos los propietarios de Colombia”.

Al debate fueron citados Minhacienda, Mininterior y el director del Instituto Gerográfico Agustín Codazzi, quienes deberán responder entre otras materias, si el predial puede llegar a ser confiscatorio y si hay corrupción o no en los avalúos del Igac.

En el debate de la Comisión Quinta (a realizarse en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional), según el congresista Ferro, estará por encima de cualquier cosa “la realidad socioeconómica que viven las regiones”.

“Por supuesto que los municipios deben cobrar el impuesto predial; lo que no puede terminar sucediendo es que se hagan aumentos desmesurados, que vuelvan impagable este tributo por parte de los contribuyentes. Aquí tenemosque garantizar, fundamentalmente, el derecho a la propiedad privada”; detalló.

Ferro reveló que la situación es crítica en ciudades y municipios de Colombia; especialmente, en Ibagué, Bogotá, Tunja, Cartagena y Bucaramanga. “En Ibagué, una ciudad con altos niveles de desempleo e informalidad, ahora se suma una alta carga de impuestos ya sancionados por el gobierno de turno para el 2019. Alcaldes poco diligentes para gestionar recursos del orden nacional, terminan endeudando los municipios con créditos, o metiéndole la mano a los propietarios a través del predial y de otros impuestos confiscatorios e impagables”, subrayó.

 

 

Cuando cerca de medio millón de estudiantes de las universidades públicas de Colombia marchaban y protestaban en todo el país por la falta de dinero para esos centros de educación superior, el presidente Iván Duque, aseguró que el compromiso de su Gobierno es desembolsar más recursos para la educación, sin precisar las posibles partidas.

“Entiendo la angustia de muchos jóvenes y los entiendo porque quieren tener una buena educación. Tenemos dificultades para satisfacer todas las necesidades en ocho semanas de Gobierno, hemos hecho los esfuerzos de verdad y lo que puedo decirles a los colombianos es que mi compromiso será darle más recursos a la educación”, anotó el Jefe de Estado.

“Hemos hecho la tarea para que el presupuesto de inversión sea cada vez más grande pero faltan recursos”, dijo Duque, tras revelar que en 2019 habrán 80 mil nuevos cupos universitarios gratuitos.  

Sin embargo, el mandatario expresó que los muchachos que están marchando por las calles del país tienen razón, pero insistió en que su Gobierno hará todos los esfuerzos para garantizar una educación de calidad y acorde con las necesidades de los colombianos.

 

El proyecto tendrá una inversión de más de 420 mil millones de pesos en cuatro años y cuenta con el apoyo de la banca multilateral, la cooperación internacional y el sector privado.

• La iniciativa prevé aumentar la cobertura en la zona rural pasando del 4 por ciento al 70 por ciento y mejorar la continuidad en el suministro de agua en la zona urbana de 9 a 16 horas diarias.

Uribia (La Guajira), 13 de octubre de 2018.

El ambicioso plan lanzado el fin de semana por el Presidente Iván Duque Márquez para enfrentar la histórica y grave carencia de agua en el departamento de La Guajira.

El plan, cuyo lema es “Agua limpia y siempre para todos”, fue anunciado por el Mandatario durante el Taller Construyendo País número 11 realizado en el municipio de Uribia, para el cual serán destinados más de 420 mil millones de pesos.

Con estos recursos se busca aumentar la cobertura en la zona rural, mejorar la continuidad en la prestación del servicio en la zona urbana, garantizar la calidad y aumentar el nivel de tratamiento de las aguas residuales.

“Algo supremamente importante es empezar por reconocer que hay unos indicadores que no pueden continuar y que nos motivaron a intervenir en las zonas rurales del departamento de La Guajira. El acceso al agua es del 4 por ciento, muy por debajo del nivel del país”, advirtió el Jefe de Estado.

Al frente de la ejecución de “Guajira Azul” está el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón González, quien, por instrucción del Presidente, diseñó el plan como una estrategia definitiva cuya inversión será apalancada por el Gobierno Nacional, la banca multilateral, el sector privado y la cooperación internacional.

“’Guajira Azul’” es uno de los de los grandes sueños de mi vida como guajiro. Le quiero dar las gracias Presidente por ayudarnos a hacerlo realidad. No hay un solo municipio del departamento de La Guajira que vaya a quedar por fuera. Con 128 intervenciones vamos a llevar a La Guajira a tener los indicadores de agua entre los 5 mejores de toda Colombia. Vamos a dejar de estar en la cola, en el último lugar, para estar al frente donde merecemos estar como departamento”, aseguró el Ministro Malagón.

El plan prevé aumentar en cuatro años la cobertura en el suministro de agua en la zona rural de La Guajira, pasando del 4 por ciento al 70 por ciento. Así mismo mejorará la continuidad en el suministro en la zona urbana, pasando de 9 a 16 horas diarias. También garantizará la calidad del agua, pasando del 26 por ciento de la población que tiene agua apta para el consumo humano, al 86 por ciento. Y se aumentará la población que cuenta con tratamiento de aguas residuales, del 24 por ciento al 68 por ciento.

“Esto fue una promesa de campaña del Presidente Iván Duque y ahora como Presidente de la República es una instrucción de su Gobierno. Sin esa voluntad política, sin esa claridad y sin ese liderazgo, un proyecto de esta envergadura no podría ser posible”, enfatizó el Ministro Malagón González.

 

 

Un proyecto de ley que busca  legalizar la vivienda a personas de bajos recursos que se han asentado ilegalmente en terrenos públicos o privados, que beneficiará a más de 2 millones de familias del país, fue radicado para su trámite reglamentario en la Cámara, por los representantes de Cambio Radical, liderados por César Lorduy.

“Hay una población vulnerable que se ha apoderado de estos terrenos los cuales han estado por años abandonados por sus verdaderos propietarios. Estas personas con sus propios recursos han construido sus viviendas y muchas de ellas han instalado negocios pequeños formando una comunidad. Llegó la hora de dar solución a este problema y hacer la correspondiente titulación a favor de las familias que habitan estos lugares”, indicó Lorduy.

El congresista explicó que “aproximadamente 2 millones 500 mil familias de bajos recursos, y que han ocupado predios públicos y privados por más de 10 años,  se verán beneficiados con este proyecto si llega a ser ley”.

“Una vez titularizados los predios, las autoridades regionales estarán habilitadas para suministrar  los  servicios públicos básicos como el agua, energía eléctrica, gas natural, construcción de instituciones educativas y  de salud; muchos de los cuales ya están instalados”, precisó.

La iniciativa liderada por los congresistas de Cambio Radical que iniciará su trámite en el legislativo, también legalizará la titularización de predios públicos o privados, para aquellas instituciones religiosas, instituciones educativas, culturales, comunales o de salud  que estén ilegalmente asentadas.

Lorduy agregó que de aprobarse este proyecto, se trasladan las competencias que hoy tienen el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario en materia  política de vivienda de interés social y prioritario rural,al Ministerio de Vivienda.

 

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