Las polémicas multas que, en el marco del Código Nacional de Policía, les han sido impuestas a ciudadanos que compran alimentos en puestos ambulantes han generado indignación en distintos sectores de la opinión pública.

La pregunta que muchos se hacen hoy es por qué el Congreso de la República, al momento de aprobar el Código, no aclaró el alcance de la sanción dejando abierta la puerta a que se apliquen multas como la que tendría que pagar un joven que compró una empanada en una calle de Bogotá.

El artículo 140 de esa norma habla de sancionar a quienes “promuevan o faciliten el uso u ocupación del espacio público”, sin embargo, los congresistas reconocen que “promover” es un

término muy amplio, que puede dar para muchas interpretaciones: no solo sancionar a quien compre algún producto en el espacio público.

“La interpretación que tuvimos cuando lo aprobamos no era que iban a perseguir a quien estuviera comprando una empanada o un aguacate, sino evitar las invasiones masivas”, precisó el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador.

Cepeda también afirmó que es necesario “hacer una aclaración” al artículo, por lo cual presentará en marzo próximo un proyecto de ley en ese sentido.

“Hay que privilegiar la formalización, no la persecución a quienes se ganan la vida de una manera honesta, que es el 50% del país que, según el Dane, están en la informalidad. Imagínese sancionar a medio país. Hay que legislar en la dirección de aclarar el artículo y buscar la formalización laboral”, indicó el congresista.

De otro lado, el senador Santiago Valencia (Centro Democrático), quien fue ponente del Código Nacional de Policía, expresó que aún si se interpretara como promover la compra de la empanada en la calle, “el policía debió aplicar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad”.

El senador manifestó que esos principios “están consagrados en el artículo 8 de la norma” y por tanto el policía debió ser capacitado al respecto. “Según el mismo Código, la multa por comprar la empanada no solo no es razonable, sino que además está absolutamente fuera de toda proporción”, concluyó.

Teniendo en cuenta que la iniciativa sería aprobada en junio próximo, los congresistas hicieron un llamado a que “sea interpretado bien el artículo” y no se convierta en una “persecución”.

 

La propuesta de autoría del Representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, busca acabar con el constreñimiento y la coacción de algunos profesores que aprovechan su posición dominante en las aulas para imponer ideologías políticas.   

De acuerdo con el autor de la iniciativa, Profesores que sean denunciados por constreñir o tratar de involucrar a sus estudiantes en algún tipo de ideología política o por desarrollar proselitismo en las aulas de clase podrán ser multados y sancionados.

El Proyecto de Ley, busca darle herramientas a los niños, niñas y adolescentes y meter en cintura a docentes y directivos de colegios que interfieran o trasgredan derechos fundamentales de los alumnos en las decisiones de los estudiantes a escoger su propia ideología, ya sea de derecha o de izquierda, Puntualizó Rodríguez.

De acuerdo con el congresista, no se puede seguir tolerando en el país que algunos docentes, valiéndose de su posición dominante, se valgan de castigos físicos, maltrato psicológico y se presten para obligar al estudiantado a asumir sus ideologías, a través de coacciones como las de afectar sus calificaciones.

A pocas horas de la radicación del proyecto de ley, la iniciativa ya comenzó a crear una intensa polémica entre los que defienden la propuesta y los que se oponen y manifiestan que podría afectarse la libertad de catedra y limitar la actuación de profesores en las aulas de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades de Colombia informaron que sujetos al margen de la ley detonaron un explosivo de alta potencia en contra de una patrulla militar en la vía que conduce de Flor Amarillo a Puerto Jordán, en el municipio de Tame, departamento de Arauca, con un saldo trágico de 11 soldados heridos.

También trascendió que debido a sus heridas algunos de los uniformados lesionados de gravedad tuvieron que ser helicoportados al Hospital San Antonio de la población de Tame, en donde reciben atención médica permanente.

La lista de militares heridos es la siguiente: capitán Marco Arguello, Sargento Segundo, Jhon Medina;  soldados profesionales Jeison Avila, Anderson Báquiro, Fernando Epinayu, Roberto Ficher Mercado, Abel Pereira, Daniel Urrego, Jair Jiménez y Didi Miranda.

 

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió una fuerte carta al presidente de la República, Iván Duque, en la que hace duros reparos al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya fue aprobado en el Congreso, pero está pendiente de sanción presidencial.

Las críticas del fiscal Martínez se centraron en cuatro puntos considerados como ejes centrales de las discusiones libradas en los debates en el legislativo.

“La Ley Estatutaria de la JEP es la columna vertebral del sistema de justicia transicional hacia la paz. Es nuestro deber contribuir a su adecuado diseño y a su correcta interacción con la jurisdicción ordinaria para cumplir con los fines de la justicia y con los derechos de las víctimas”, indicó Martínez

Uno de los primeros puntos que cuestiona el fiscal hace referencia a que los reinsertados que sigan cometiendo delitos graves, como secuestro y narcotráfico, podrían seguir gozando de los beneficios de la jurisdicción especial.

“La ley estatutaria permite que reinsertados que hayan iniciado actividades de narcotráfico antes del 1 diciembre 2016 y las continúen después de esta fecha mantengan los beneficios de la JEP. No es posible que beneficios convivan con el delito”, dijo el fiscal.

Asimismo, este marco jurídico permitiría que no sean excluidos de la JEP los reinsertados que después de la firma del Acuerdo de Paz cometan nuevos delitos como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio.

El fiscal también cuestionó que esta ley paralizaría todas las investigaciones contra agentes del conflicto que adelanta la jurisdicción ordinaria hasta que la JEP asuma pleno conocimiento, creando condiciones para que intervenga Corte Penal Internacional.

En cuarto lugar, la forma en que está planteada la ley permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables.

Martínez agregó que esta última preocupación fue expresada en su momento por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Según el fiscal, estos cuatro puntos, como están planteados, desconocen algunas premisas del Acuerdo de Paz, lo que resultaría inconveniente frente a la política criminal del Estado y al cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en cuanto a Derecho Internacional Humanitario y la lucha contra la impunidad.

Apartes de la carta del Fiscal

#Fiscalía expone al Presidente de la República preocupaciones con respecto a los términos en los que está planteada #LeyEstatutariaJEP

#LeyEstatutariaJEP es la columna vertebral del sistema de justicia transicional hacia la paz. Es nuestro deber contribuir a su adecuado diseño y a su correcta interacción con la jurisdicción ordinaria para cumplir con los fines de la justicia y con los derechos de las víctimas

Cuatro puntos de la #LeyEstatutariaJEP desconocen algunas premisas del Acuerdo de Paz, lo que resultaría inconveniente frente a la política criminal del Estado y al cumplimiento de los deberes internacionales de #Colombia en cuanto a DDHH y lucha contra la impunidad

#LeyEstatutariaJEP permite que reinsertados que hayan iniciado actividades de narcotráfico antes del 1 diciembre 2016 y las continúen después de esta fecha mantengan los beneficios de la JEP No es posible que beneficios convivan con el delito

#LeyEstatutariaJEP permitiría que no sean excluidos de la JEP los reinsertados que después de la firma del Acuerdo de Paz cometan nuevos delitos como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio.

#LeyEstatutariaJEP paralizaría todas las investigaciones contra agentes del conflicto que adelanta la jurisdicción ordinaria hasta que la #JEP asuma pleno conocimiento, creando condiciones para que intervenga Corte Penal Internacional, preocupación también expresada por @hrw_espanol

#LeyEstatutariaJEP permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables, preocupació

 

 

 

El Gobierno confirmó que la mensualidad básica de los ex guerrilleros de las Farc, convenida en los acuerdos de paz, se cancelarán a partir del próximo miércoles, superadas las dificultades para cumplir esas obligaciones.

Así lo hizo saber, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, tras recordar que esos pagos ascienden a $ 9.000 millones para cerca de 13 ex combatientes de las desaparecidas Farc.

El funcionario destacó que problemas operativos con los pagos no pueden entenderse de otra manera y que su despacho avanza para garantizar seguridad y recursos para quienes ahora están sin armas.

 

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