La Cámará de Representantes aprobó en segundo debate el Acto Legislativo que busca cortar el vínculo entre el narcotráfico y el secuestro con el delito político.

El representante Edward Rodríguez ponente del Acto Legislativo, luego de defender el proyecto del gobierno ante el pleno de la Cámara, manifestó que el Congreso ha dado un paso en la dirección correcta para que los delitos de narcotráfico y secuestro no sean conexos del delito político.

Rodríguez aclaró que el acto legislativo, no va a poner retrovisor a los acuerdos de paz, porque lo que busca es que hacia adelante el secuestro y el narcotráfico no vuelva a ser tomado como escudo de grupos guerrilleros, paramilitares o bacrim, para buscar amnistías e indultos.

“Este es un mensaje que estamos enviando al Eln, para que libere los secuestrados y poder avanzar en un acuerdo con esa guerrilla, puntualizó Rodríguez.

El Acto Legislativo pasará al  Senado para que surta los dos debates y concluir la primera vuelta de dos para convertirse en reforma constitucional.   

 

 

 

El Presidente Iván Duque reiteró este lunes que su Gobierno tiene toda la voluntad de dialogar con la guerrilla del ELN, pero si se cumplen los dos principios exigidos: liberar a todos los secuestrados y abandonar toda actividad criminal.

Así lo expresó el Mandatario ante los medios de comunicación, luego de la audiencia que sostuvo con el Papa Francisco y del encuentro con el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

“Tuve la oportunidad de expresarle al Secretario (Parolin) el deseo, que le he dicho al pueblo colombiano también, de poder avanzar en un diálogo con el ELN si y solo si se cumplen las condiciones de la entrega de los secuestrados y que se le ponga fin a cualquier tipo de acción criminal y violenta”, dijo.

Explicó que esa es la única forma que “podemos tener un proceso creíble”. Recalcó que “la voluntad del Gobierno es inquebrantable, pero únicamente si y sólo si se liberan a todos los secuestrados y se le pone fin a esas actividades criminales”.

El Presidente Iván Duque además destacó que Colombia ha recibido siempre el respaldo del Vaticano en esos esfuerzos de paz.

“Yo siempre he recibido de parte del Vaticano la mejor voluntad de apoyar a Colombia en todos los esfuerzo de paz, en todos los sentidos, y la conversación que tuvimos con el cardenal Parolin fue muy positiva, porque me permitió reiterar lo que es la voluntad del Gobierno”, dijo.

Indicó que “no hay ninguna ideología ni causa que justifique ni un homicidio, ni un secuestro, ni una extorsión; y la violencia no puede ser la forma de aproximar al Estado, por eso nos mantenemos firmes en esos dos principios”.

El Jefe de Estado también manifestó que recibió el respaldo del Papa Francisco a las iniciativas de respaldo a las personas que han decidido acogerse a la reincorporación de manera efectiva.

“Recibí una voz de respaldo de Su Santidad en el ejercicio que hemos venido adelantando para que se pueda hacer una reincorporación efectiva de las personas que han dejado la violencia, y que quieren iniciar un proceso de reconciliación con el pueblo colombiano, sobre los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, aseguró.

 

La Comisión Primera del Senado dio luz verde a la creación de una Comisión Interinstitucional Judicial que reemplazaría al Consejo Superior de la Justicia. Igualmente dispuso otorgar funciones de jueces a los cerca de 600 procuradores delegados que se estima que hay en el país, con el fin de buscar una fórmula alternativa que contribuya a la descongestión de los despachos judiciales. En esa tarea también contribuirían los notarios y centros de arbitraje.

También acordó elevar a rango constitucional el presupuesto de la rama judicial, lo que permitiría fortalecer económicamente a ese órgano del poder público. 

De esta manera, la Comisión Primera terminó de aprobar, en primer debate, el articulado del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia -conformado por 31 artículos- que pasa ahora a estudio de la plenaria del Senado. Esta iniciativa requiere de ochos debates reglamentarios. Cuatro en Senado e igual número en la Cámara de Representantes.

La propuesta de crear un tribunal de aforados, que asumiría las funciones que hoy cumple la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, fue negada por la falta de consenso entre los partidos políticos, con asiento en esa célula legislativa, frente al tema de la definición de las instituciones que ternarían a los tres magistrados que integrarían ese cuerpo colegiado.

Aunque ese artículo fue negado, el tema sigue vivo y se podrá retomar en la plenaria del Senado, según lo dispone una sentencia de la Corte Constitucional, que se refiere al trámite legislativo.

El senador Rodrigo Lara dijo que con el tribunal de aforados se buscaba quitarle facultades a la Corte Suprema de Justicia, que según la misma Corte Constitucional, es el tribunal de cierre para los procesos judiciales. 

La congresista Paloma Valencia explicó que ese tribunal sería realmente una sala de instrucción, integrada por tres magistrados, y la cual investigaría a los funcionarios con fuero. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia continuaría con su responsabilidad de investigar al Presidente de la República. 

Por su parte, el legislador Germán Varón, coordinador del grupo de ponentes, expresó también dudas frente a los alcances de ese artículo. Con el fin de evitar el hundimiento de esa nueva figura se propuso votar negativamente la norma.

En medio de la discusión se propuso una especie de unificación de los períodos institucionales, lo que implicaría que el Fiscal General que sería elegido en el 2020 solo iría por dos años, con el fin de equiparar en el 2022 los períodos del jefe del ente acusador con el del Presidente de la República.

La propuesta generó un debate, en el cual el senador Gustavo Petro se mostró en contra de prolongar los períodos constitucionales, sobre lo cual argumentó que cuando era Alcalde Mayor de Bogotá, los entonces presidente Juan Manuel Santos y vicepresidente Germán Vargas Lleras, propusieron en una reunión de alcaldes la prolongación del período de los burgomaestres. “Yo me pronuncié en contra de esa propuesta, argumentando que el pueblo al elegirnos había votado por un período fijo. Si lo extendíamos era desconocer el mandato del constituyente primario”. 

El senador Lara reiteró nuevamente que uno de los objetivos de la reforma a la justicia era otorgarle al Presidente de la República la facultad de elegir al Fiscal General por un período de seis años. Ese pronunciamiento fue controvertido por la ministra de Justicia, Gloria Barrero, quien dijo: “Esa jamás ha sido la intención del Gobierno. Esta es una reforma que fortalece la rama judicial”.

En similar sentido se pronunció la senadora Paloma Valencia, quien dijo que la iniciativa no tenía agendas ocultas.

La mayoría de los congresistas optaron por mantener el período institucional del Fiscal en cuatro años para mantener el equilibrio de poderes.

El senador Luis Fernando Velasco anunció que este proyecto generará una fuerte discusión en la plenaria, a la vez que la congresista Angélica Lozano pidió revisar el proyecto aprobado y ajustarlo estructuralmente para su debate ante el Senado en pleno.

Al final del debate, que se prolongó por cerca de cuatro horas, la Ministra de Justicia dijo. “Esta no es una reforma improvisada y esperamos que sea el fruto de consensos”.

Al votarse el artículo de la vigencia de la iniciativa se aprobó una propuesta del senador Julián Gallo de mantener vigentes los jueces de paz, que en el estudio de otro proyecto se habló de eliminar sus actuales funciones.

 

 

La Cámara de Representantes aprobó, este lunes, un debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los bonos agua.

Carrasquilla fue citado para este miércoles a las 5:00 p.m., en la plenaria de la Cámara, "para que en esa sesión su vinculación" con los bonos.

Si bien los hechos por los que el alto funcionario es cuestionado "datan de fechas anteriores" (es decir, antes de que regresara al Gobierno), estos "podrían continuar generando consecuencias que comprometen sus funciones como ministro de Hacienda y Crédito Público en el actual periodo constitucional", dice la mesa directiva de la Cámara el acta con la que convoca a Carrasquilla.

Esta noticia se conoce después de que el Senado, el pasado 8 de octubre, tomó la decisión de no dar trámite a la moción de censura.

Ese mismo día, de hecho, varios representantes empezaron a moverse para revivir la iniciativa y recogieron las firmas requeridas para citar al debate.

Así que, en ese sentido, lo que hizo la mesa directiva de la Cámara fue responder a dicha solicitud.

Alberto Carrasquilla es cuestionado por tramitar unos bonos que supuestamente servirían para que más 100 municipios financiaran obras de acueductos y saneamiento ambiental.

Sin embargo, varias de esas poblaciones quedaron endeudas, mientras Carrasquilla y sus socios se quedaron con "unos 14 mil millones de pesos anuales durante cinco años", según ha denunciado el senador Jorge Robledo

En medio de la discusión y votación del Presupuesto para 2019 en la Plenaria del Senado, el congresista Nicolás Pérez Vásquez resaltó que dicho proyecto es responsable económicamente, pues al cumplir la regla fiscal se hace posible reducir el déficit que tiene el país y mejorar los índices de inversión a futuro. 

En este sentido, indicó que aún y cuando se realizó el aplazamiento de $14 billones del pago a capital de la deuda, para destinar éste monto mayoritariamente a inversión social, el país tiene la tranquilidad de cumplir la regla fiscal - esto es el control de endeudamiento o déficit fiscal-  y lograr llegar al 1 por ciento del PIB para el 2022. 

El senador Pérez Vásquez agregó dado a que la economía colombiana se ha estancado, el país ha dejado de recibir la cantidad de impuestos que esperaba.

“Colombia necesita mantener una economía saludable, porque el hecho de que en los últimos años el país no haya crecido a la tasa que se tenía presupuestada nos va a costar en promedio- en el recaudo- 35 billones de pesos anuales”, dijo. 

Valor del petróleo y del dólar

Más adelante cuestionó la propuesta de Gustavo Petro sobre proyectar el presupuesto conforme al valor más alto que ha tenido el petróleo en este año, de manera que se percibieran más ingresos para la nación. 

Para el senador Pérez Vásquez no se puede especular con los precios del petróleo dado que este “ha tenido históricamente volatilidades muy altas, así que tratar de presupuestar con el valor más alto sería muy irresponsable”, precisó. 

Ante esto, Pérez agregó que en el 2015 el petróleo tuvo un mínimo de 39 dólares  y un máximo de 63; y en el 2017 el precio se movió entre 49 y 61 dólares; lo que  reafirma la inconveniencia de lo planteado por el senador Petro. 

Además, explicó que los recursos del petróleo ingresan por Ecopetrol, vía dividendos, lo que no permite que estos sean usados “sino casi que dos años después, porque estos se decretan en enero del año que sigue para ser repartidos mucho tiempo después”.

Educación

La educación fue otro de los aspectos a los que se refirió el senador, por lo que aclaró que tanto “para el Centro Democrático como para este Gobierno ésta es una prioridad absoluta, por eso hemos puesto todo el empeño para aprobar esos 500 mil millones de pesos adicionales”. 

Respecto al programa Ser pilo Paga refutó algunos planteamientos sobre no asignar los recursos, pues es importante que los jóvenes que ya están dentro del programa lo finalicen, y refiriéndose al líder del movimiento de ‘Colombia Humana’ preguntó “¿o qué hacemos, doctor Petro, no invertimos en esos 35 mil jóvenes? 

Por último señaló que actualmente se está presupuestando el valor de Ser Pilo Paga hasta que éste se acabe, de manera que quienes están siendo beneficiados por el programa no se vean afectados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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