La falta de consensos frente a normas que permitan modificar a fondo el sistema electoral impidió la votación de la reforma política, en la Comisión Primera.

Aunque a comienzos de la sesión existía un principio de acuerdo para votar cuatro temas básicos de la reforma política como son la lista cerrada, la democratización interna de los partidos, la paridad de género en las listas a las corporaciones públicas y la prohibición de inscribir por medio de firmas a quien a menos de un año hubiese militado en otro partido político, la discusión se fue enredando a medida que avanzaba.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al explicar los alcances de los temas antes señalados fue clara en indicar: "La reforma política debe ser el resultado de un consenso".

Al defender la iniciativa dijo que "el voto preferente ha distorsionado la ideología de los partidos políticos" y también debe ponerse límites a la financiación de las campañas políticas. Sin embargo, la ministra reconoció que el proyecto presentado por el Gobierno es solo la base o piso sobre el cual los partidos políticos levantarán o construirán la reforma política.

Para agilizar el trámite de la iniciativa, que requiere de cuatro debates antes del 16 de diciembre próximo, es decir dos en cada cámara legislativa, se había convenido votar 16 artículos básicos y evacuar 43 proposiciones, que dejarían vivas en plenaria algunas normas que también modificarían aspectos puntuales de la reforma política.

Durante la sesión, se recordaron sentencias de la Corte Constitucional en las que se indican que dentro del principio de consecutividad, la Comisión no podía delegar al plenario su función de la discusión de los proyectos. 

Los diferentes partidos políticos que tienen asiento en la Comisión Primera anunciaron que respaldarían la iniciativa, aunque varios senadores, entre ellos, Rodrigo Lara, Gustavo Petro y Angélica Lozano, pidieron aprovechar esta reforma política para introducirle modificaciones profundas al órgano electoral, en particular, y al sistema electoral, en general.

Los senadores Roy Barreras y Temístocles Ortega presentaron, por su parte, los aspectos generales de la reforma sobre los que había consenso. Sin embargo, el tema electoral llevó paulatinamente al aplazamiento de la reforma política.

En los minutos finales del debate se convino que una comisión recogería las inquietudes que tienen los partidos alrededor del citado proyecto de acto legislativo y las presentará mañana a las 12 del día, hora a la que fue citada la Comisión.

 Los diferentes partidos políticos tendrán reuniones privadas para definir las propuestas que presentarán a la comisión designada.

Se espera que se logre un consenso que permita desempantanar la reforma política, que modificaría el sistema político del país.

 

 

 

 

 

 

En medio del debate sobre el presupuesto del 2018, llevado a cabo en la Comisión Cuarta de Senado, el congresista Nicolás Pérez expresó su preocupación porque la economía colombiana no ha crecido a un ritmo eficiente en los últimos años, lo que ha significado dejar de recaudar $70 billones de pesos. 

El senador del Centro Democrático se dirigió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, e indicó la importancia de “tener una economía vigorosa, donde se invierta en nuevas empresas y crezcan las ya existentes, ésto tanto con recursos locales como extranjeros”.

En este sentido, invitó a que desde esta cartera ministerial se estructuren programas que permitan llevar a cabo las propuestas de campaña del actual presidente, Iván Duque, que plantean bajar los impuestos y mejorar los salarios. 

“Decíamos ‘menos impuestos y más salarios’ y esa reducción de impuestos debe darse desde el sector empresarial, porque en la medida en que estos se reduzcan vamos a lograr incentivar el crecimiento de nuevas empresas ”, señaló Pérez Vásquez. 

El senador agregó que bajo esta premisa se atraen inversiones tanto para nuevas empresas como para el desarrollo de las existentes; lo que genera mayor recaudo tributario y consecuentemente el crecimiento de la economía del país.

Educación para el trabajo

Por otra parte, el senador resaltó la importancia de revisar el monto presupuestal dirigido a la educación para el trabajo, teniendo en cuenta que el mercado laboral demanda personal calificado que desarrolle actividades específicas.

Pérez Vásquez advirtió que actualmente “el 98 por ciento del recurso orientado a la educación superior va a las universidades, pero no estamos dejando una partida importante para los títulos técnicos y tecnológicos”, añadió que es necesario realizar un inversión significativa en este sentido para generar un gran impacto social y económico. 

“Si no recaudamos más, no podemos gastar más”

El senador Pérez insistió en la necesidad de que el país recaude más dinero para de esta forma poder invertir en los distintos sectores tales como la educación, salud, vivienda, cultura.  

“El Gobierno Nacional funciona con una estructura contable parecida a una empresa, y acá si a nosotros nos entran 100 pesos y nos gastamos 120 pues esos  20 nos toca conseguirlos con deuda. Si no recaudamos más no podemos gastar más”, explicó. 

Finalmente, advirtió que para tener una economía armónica es indispensable brindar apoyo e impulsar el sector empresarial para que éste crezca, dinamice la economía del país y la haga crecer.

 

 

 

 

 

 

La senadora María Fernanda Cabal, de Centro Democrático, precisó que no es “autora, ni coautora, ni partícipe, ni copartícipe, ni determinadora ni nada” de cualquier actividad irregular, a propósito de un informe de Noticias Uno TV, el domingo anterior, en la que la relacionan con una visita al Ministerio de Transporte con un grupo de personas en la que supuestamente habría llegado a gritar a los funcionarios y a hacer exigencias.

Cabal explicó ante la plenaria del Senado que el referido informe estaba soportado en un derecho de petición firmado por la ciudadana Paola Avila que se identificó con un número de cédula, el cual resultó falso después de ser investigado.

“Pareciera que el mismo noticiero se hubiera inventado el derecho de petición para poder sacar noticias falsas diciendo que yo estoy ejerciendo tráfico de influencias y que yo llego gritando a una entidad”, anotó la congresista.

También comentó que en el reporte de televisión se reitera que había llegado al Ministerio del transporte a dar órdenes diciendo que eran del ex presidente y senador Álvaro Uribe y a solicitar autorizaciones de rutas, tras aclarar que lo único que hizo fue llevar “a un grupo de pequeños empresarios del transporte a manifestar serias irregularidades” ante ese despacho.

Testigos fantasmas

“Se imaginan si yo hubiera llegado gritando, pues estaría por todos los medios nacionales e internacionales hace rato. Pero no contentos con eso, renglón seguido, sacan a una testigo que parece la testigo fantasma, como en las épocas de la justicia sin rostro en la época de Pablo Escobar, diciendo que la habían constreñido para que votara por mí”, agregó.

Cabal recalcó que “resulta que yo no compro votos porque yo no robo, porque los que roban son los que compran votos, porque nadie regala lo que es de uno, la gente cuando es hampona y delincuente regala lo que ha conseguido de lo ajeno”.

La legisladora dijo que “aquí salen medios de comunicación como Noticias Uno y como la revista Semana usando información a retazos para generar en el ambiente la imagen distorsionada de una persona pública como yo y empezar a empujar la judicialización”.

También preciso que “estas dos semanas para mí han sido denigrantes, porque parece que aquí hay garantías para todos menos para ciertas personas que no tememos callar frente a las realidades que vemos y siendo una personas pública y senadora, más aún, voy a exigir que esas garantías que están contempladas en la Convención americana me sean respetadas, porque es inadmisible que se sigan creando presunciones sobre hechos de los que no soy ni autora, ni coautora, ni partícipe, ni copartícipe, ni determinadora ni nada”.

 

“Volveremos a presentar Proyecto de Servicios Públicos Domiciliarios”: Sara Piedrahita 

La Representante a la Cámara Sara Piedrahita, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios contra abusos de estas empresas. Esto, tras decisión tomada hoy en plenaria de Cámara de Representantes, donde se rechazaron las objeciones presidenciales que ya habían sido aprobadas por la plenaria de Senado. Lo anterior, respecto al proyecto de ley que establecía normas de protección y garantías contra los abusos hacia los usuarios de los servicios públicos de gas y energía. 

En tal sentido, la norma constitucional señala que si una de las cámaras niega la objeciones que haga el Gobierno a una ley o reforma legislativa, por regla el proyecto deber ser archivado.  

La congresista anunció que el proyecto de ley será presentando nuevamente, con un articulado más sólido y fuerte constitucionalmente ante el Congreso de la República en este periodo legislativo.

Con este proyecto de ley se pretende proteger a los usuarios de las constantes injusticias que comenten las empresas prestadoras de servicios de energía y gas, para así garantizar un servicio digno y de calidad a todos los colombianos. 

Piedrahita aseguró que su compromiso es acabar este flagelo que tanto afecta a las comunidades, en especial a los más pobres.

“No podemos permitir que en Colombia de repitan casos como el de Electricaribe, es necesario tomar las medidas pertinentes. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto”, enfatizó la representante.

 

El Presidente Iván Duque dijo hoy que desde hace varios meses promueve “con otros compañeros de la región” respaldar las denuncias del Secretario General de la OEA contra el gobierno venezolano, para que “se pueda acelerar una investigación formal y que eso lleve a que haya sanciones efectivas”.

El Jefe del Estado quien este lunes cumplió una intensa agenda en el marco de la 73° Asamblea de Naciones Unidos, declaró a los periodistas que “el poner esta denuncia frente a los ojos del mundo es una invitación muy clara a que haya una gran coordinación para que las sanciones y la acción colectiva permitan que el pueblo venezolano recupere su libertad”.

Señaló que tanto en su entrevista con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, como durante sus intervenciones en la Asociación Colombo Americana y la Cumbre Anual Concordia 2018 salió a colación el drama humanitario venezolano y la gran crisis migratoria que vive la región.

Enfatizó que “nosotros hemos querido elevar este tema al interés de la comunidad internacional. Lo haremos además cuando nos dirijamos a la Asamblea porque el mundo necesita que haya un verdadero y efectivo cerco diplomático para que pueda terminar esa dictadura y retornan las libertades y la democracia a Venezuela”.

Reiteró que “nuestro discurso no es belicista, pero nosotros sí hacemos un llamado a la comunidad internacional para que denuncie y aplique todas las acciones que sean necesarias para lograr una transición genuina hacia la libertad y la democracia en ese país”.

Al preguntársele si extraditaría al diputado venezolano Julio Borges, el Mandatario respondió de forma tajante: “Nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos. Sería absurdo que nosotros estuviéramos pensando en que una persona que está luchando por la libertad de su pueblo se le pida en extradición y nosotros hiciéramos un despropósito esa naturaleza”.

“Nosotros seguimos defendiendo al pueblo venezolano. Seguimos pidiendo por la libertad a los presos políticos y seguimos pidiendo porque haya un verdadero y efectivo camino a una transición democrática que le devuelva las libertades a todo un pueblo”, puntualizó el Presidente Iván Duque.

 

 

 

 

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